Mañana domingo 7, los ciudadanos nicaragüenses están llamados a emitir su voto en un viciado proceso electoral que ya permitirá a la pareja presidencial retener el poder por otro sexenio: 2021-2026, utilizando diversas estrategias para seguir ejerciendo la continuidad por tiempo indefinido.
Tales tácticas incluyen la detención ilegal de cinco candidatos presidenciales, reformas a la Ley Electoral para incentivar la burocracia, la violencia militar y policial desde al menos 2018 hasta la actualidad, el cierre de periódicos independientes y el encarcelamiento de propietarios de medios de comunicación, de profesionales de la oposición, de líderes empresariales, proscribiendo los partidos Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad. Este terrorismo de Estado ha obligado a miles de nicaragüenses, de diversos estratos socioeconómicos, a buscar refugio en otras naciones para evitar la continua violación de sus derechos humanos: la vida, la libertad de organización y expresión, de elegir y ser elegidos sin barreras. El rechazo colectivo de sus compatriotas hacia Daniel Ortega incluye a un sector considerable de la vieja guardia sandinista, entre ellos su hermano Humberto, exjefe del Ejército Nacional; Sergio Ramírez, un intelectual de talla continental, miembro de la Junta de Gobierno; Gioconda Belli, poeta y militante del FSLN. Este grupo político-militar, fundado en 1961, luchó durante años contra la dictadura somocista, hasta derrocarla, pero hoy sus ideales originales han sido completamente desnaturalizados por la facción que apoya a otro virtual tirano. Solo apoyan la burocracia de partidos minúsculos, comparsas que le juegan el juego a quien ocupa el poder, quienquiera que sea, legitimando así el fraude electoral. La elección de mañana carece de vestigios de legitimidad y ya es repudiada por la hermandad nicaragüense y la comunidad internacional.
Tales tácticas incluyen la detención ilegal de cinco candidatos presidenciales, reformas a la Ley Electoral para incentivar la burocracia, la violencia militar y policial desde al menos 2018 hasta la actualidad, el cierre de periódicos independientes y el encarcelamiento de propietarios de medios de comunicación, de profesionales de la oposición, de líderes empresariales, proscribiendo los partidos Restauración Democrática y Ciudadanos por la Libertad. Este terrorismo de Estado ha obligado a miles de nicaragüenses, de diversos estratos socioeconómicos, a buscar refugio en otras naciones para evitar la continua violación de sus derechos humanos: la vida, la libertad de organización y expresión, de elegir y ser elegidos sin barreras. El rechazo colectivo de sus compatriotas hacia Daniel Ortega incluye a un sector considerable de la vieja guardia sandinista, entre ellos su hermano Humberto, exjefe del Ejército Nacional; Sergio Ramírez, un intelectual de talla continental, miembro de la Junta de Gobierno; Gioconda Belli, poeta y militante del FSLN. Este grupo político-militar, fundado en 1961, luchó durante años contra la dictadura somocista, hasta derrocarla, pero hoy sus ideales originales han sido completamente desnaturalizados por la facción que apoya a otro virtual tirano. Solo apoyan la burocracia de partidos minúsculos, comparsas que le juegan el juego a quien ocupa el poder, quienquiera que sea, legitimando así el fraude electoral. La elección de mañana carece de vestigios de legitimidad y ya es repudiada por la hermandad nicaragüense y la comunidad internacional.
