El gobierno hondureño se mantiene firme en su decisión de construir una cárcel en Islas del Cisne, a pesar de las voces en contra que se levantan desde sectores defensores del medio ambiente, profesionales de la biología y empresarios, entre otros, quienes además del evidente daño ambiental, cuestionan los costos de construcción y mantenimiento de la obra.
La cárcel forma parte del plan de seguridad con el que la actual administración se propone hacerle frente a la creciente ola de inseguridad que golpea a la población. Se trata de un asunto de Estado, arguyen. También aseguran que con base en estudios hechos por al menos 40 profesionales se han otorgado las respectivas licencias ambientales.
Pero no se conocen más detalles de la obra. ¿Cuánto va a costar?, ¿de dónde saldrán los fondos?, son solo algunas de las preguntas que todavía no tienen respuesta oficial.
Incluso, han entrado al debate las consideraciones de si Islas del Cisne fueron o no declaradas oficialmente como área protegida, una herramienta fundamental en los esfuerzos globales por la conservación del medio ambiente y la biodiversidad.
Este, sin duda, es un proyecto complejo porque, como lo ha planteado la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, “será en un lugar lejano, donde no hay accesos a servicios básicos, los traslados de reos serán costosos y hay que conservar especies naturales”.
Abrir los caminos al diálogo sobre la viabilidad o no de la obra, con todos los sectores de la sociedad, debe ser en estos momentos prioritario. Transparentar el proceso, también, haciendo públicos todos los documentos, estudios, presupuestos, toda la información alrededor del proceso.
Preservar los recursos naturales y el medio ambiente es una prioridad del Estado, así como también lo es el garantizar la seguridad de su población, pero ambas políticas tienen que ser construidas alrededor del respeto irrestricto de los derechos humanos y la preservación de los recursos naturales y el ambiente.
