La semana anterior, los hondureños fuimos sorprendidos con un video, que se hizo viral en medios de comunicación y redes sociales, en el cual se observa a un grupo de hombres fuertemente armados enfrentar a un jefe policial que les pedía mostrar los permisos respectivos de portación de las armas de grueso calibre que tenían en su poder.
Todo sucedió en Catacamas, Olancho
-que en estos momentos ocupa el primer lugar de la lista de ciudades más violentas del país-, cuando los hombres, que se conducían en al menos cuatro carros de lujo, llegaron a la iglesia de la ciudad a supuestamente brindar seguridad a la familia de uno de sus amigos que había sido asesinado un día antes en esa misma comunidad.
En el video se observa cómo los hombres, que previamente cerraron las calles de acceso a la iglesia, responden de manera agresiva, desafiante e intimidante al jefe policial que les requería, e, incluso, se observa cómo uno de ellos descubre su arma, en una abierta muestra de irrespeto a la autoridad competente, a la institucionalidad.
Este hecho hace saltar las alarmas de lo que puede estar sucediendo en muchas otras comunidades del país donde los criminales han tomado el control de grandes territorios, y en las cuales estas prácticas son aparentemente comunes.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, calificó al grupo armado como “una estructura criminal que atentó contra la fuerza pública” y dijo que están buscando a los hombres para su captura.
Oportuno es que el Ministerio Público abra, por su parte, un expediente investigativo de este hecho y que actúe en consonancia con las leyes de la República.
El reto de hacer respetar la institucionalidad y la autoridad competente debe prevalecer por sobre actos abominables e intimidantes como el sucedido en Catacamas.
