Los últimos meses de 2021 y los primeros días del 2022 han estado marcados por un incremento de la ola de violencia que ha dejado decenas de personas muertas a lo largo y ancho del territorio nacional.
Solo para citar algunos ejemplos, entre el domingo y ayer lunes fueron asesinados Pablo Hernández Rivera, un reconocido líder indígena, defensor de los derechos humanos y director de la radio comunitaria Tenán, “la voz indígena lenca”, que transmite en el municipio de San Marcos de Caiquín, en el departamento de Lempira, y un activista transgénero, Alex Omar Rodríguez Rivera, ampliamente conocido por su trabajo de defensa de los derechos humanos desde la coordinación de la organización Cozumel Trans, quien fue atacado a balazos en su vivienda en las cercanías del cerro Juana Laínez de Tegucigalpa.
Otros cuatro jóvenes más perdieron la vida tras un ataque a tiros al carro en que se conducían por una calle céntrica del municipio de Trinidad, Santa Bárbara, en el occidente.
De los asesinos, en todos los casos, no se sabe nada.
Sin bien es cierto que el gobierno que está por concluir tuvo entre sus prioridades enfrentar este flagelo y sacar al país de las listas de los más violentos del mundo, también lo es que son muchos los y las hondureñas que siguen siendo asesinados impunemente y que las autoridades que están por asumir sus cargos el 27 de enero próximo, heredarán una situación bastante grave que las obliga a tomar decisiones rápidas para frenar los hechos que enlutan a la familia hondureña e impulsar políticas integrales encaminadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Poner a funcionar el aparato institucional en todas sus esferas, desde la investigación hasta la judialización y fallos firmes contra los asesinos, es imperativo para garantizar la paz social. La impunidad en los casos señalados y muchos más, debe terminar.
Solo para citar algunos ejemplos, entre el domingo y ayer lunes fueron asesinados Pablo Hernández Rivera, un reconocido líder indígena, defensor de los derechos humanos y director de la radio comunitaria Tenán, “la voz indígena lenca”, que transmite en el municipio de San Marcos de Caiquín, en el departamento de Lempira, y un activista transgénero, Alex Omar Rodríguez Rivera, ampliamente conocido por su trabajo de defensa de los derechos humanos desde la coordinación de la organización Cozumel Trans, quien fue atacado a balazos en su vivienda en las cercanías del cerro Juana Laínez de Tegucigalpa.
Otros cuatro jóvenes más perdieron la vida tras un ataque a tiros al carro en que se conducían por una calle céntrica del municipio de Trinidad, Santa Bárbara, en el occidente.
De los asesinos, en todos los casos, no se sabe nada.
Sin bien es cierto que el gobierno que está por concluir tuvo entre sus prioridades enfrentar este flagelo y sacar al país de las listas de los más violentos del mundo, también lo es que son muchos los y las hondureñas que siguen siendo asesinados impunemente y que las autoridades que están por asumir sus cargos el 27 de enero próximo, heredarán una situación bastante grave que las obliga a tomar decisiones rápidas para frenar los hechos que enlutan a la familia hondureña e impulsar políticas integrales encaminadas a garantizar la seguridad de la ciudadanía.
Poner a funcionar el aparato institucional en todas sus esferas, desde la investigación hasta la judialización y fallos firmes contra los asesinos, es imperativo para garantizar la paz social. La impunidad en los casos señalados y muchos más, debe terminar.
