La muerte de mujeres es un problema que crece en todo el territorio nacional ante la pasividad de las autoridades, que están llamadas constitucionalmente a preservar la vida de sus ciudadanos y ciudadanas.
Esta semana, los medios de comunicación informaron que sicarios mataron con saña a una adolescente de 16 años, que estaba embarazada, y su tía de 18 años, en su casa de habitación en la aldea El Suyatal, Orica, Francisco Morazán.
En Honduras, los feminicidios son una de las expresiones más visibles de la violencia contra las mujeres y las niñas, quienes también se enfrentan día a día con diversos tipos de abusos y violaciones a sus derechos en los diversos espacios en los que se desenvuelven.
Organismos de sociedad civil y del mismo gobierno conocen a fondo la problemática y plantean acciones para hacerle frente, pero al final de camino las propuestas no se concretan, mientras el número de muertes sigue sumando día con día.
El país urge de políticas que ataquen de raíz las causas de los feminicidios y de todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas y se garantice el respeto irrestricto de todos sus derechos.
Estas intervenciones deben generarse con objetivos claros que coadyuven al cierre de las brechas de género existentes en el nivel educativo, económico o social; y a crear una mayor concienciación social acerca de la violencia de género y sus efectos en la sociedad.
Tales acciones no pueden dilatarse más. No podemos seguir de brazos cruzados, sumando el número de víctimas a una interminable lista.
De pronto, aspiramos a que los organismos policiales y judiciales hagan bien su trabajo, identifiquen a los homicidas y los presenten a la justicia. La impunidad no puede ni debe seguir arropando estos casos.
