El fiscal general, Johel Zelaya, sorprendió la noche del lunes con una cadena nacional de radio y televisión en la que dio detalles de las acciones judiciales emprendidas por la Uferco en contra del exalcalde y actual aspirante a la candidatura presidencial del opositor Partido Nacional, Nasry Asfura, obviando, en todo momento, el principio de presunción de inocencia del imputado.
Desde este espacio siempre hemos levantado la bandera de la lucha contra la corrupción y los corruptos, y demandado su juzgamiento, con base en los preceptos legales.
Bajo ese principio, consideramos que todos aquellos que son señalados por los órganos competentes tienen el derecho a defenderse en los tribunales de las acusaciones en su contra, y por igual, las autoridades, actuar en el marco de lo que establece la Constitución y las leyes en lo que respecta a investigar y presentar en los tribunales las pruebas que lleven al castigo de los corruptos.
Usar las instancias del Estado para exponer un caso que debe ser dilucidado en los tribunales de justicia es un signo inequívoco de que algo anda mal, de una conducta autoritaria de quienes en estos momentos dirigen el Ministerio Público, que han desconocido el código de ética, de su institución que en su artículo 1 literal A establece que “los fiscales deben abstenerse de emitir juicio público o privado sobre los asuntos en que intervengan, clasificándolos los hechos, divulgando la identidad de los denunciantes o los investigados, anticipando criterios o pronunciamiento de los tribunales y en general sobre cualquier aspecto que afecte las investigaciones, lesione los derechos de las personas o se pueda calificar como interferencia en la decisión de los tribunales”.
Con sus actuaciones, propias de regímenes dictatoriales, los fiscales Zelaya y Santos mandan un mensaje desalentador a la sociedad, y, de alto riesgo, para la institucionalidad, la democracia y el Estado de derecho, todo esto garantizado en la Constitución, las leyes de la República y la convencionalidad internacional.
