La controversial Ley de Justicia Tributaria ha sido remitida por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional para su discusión y aprobación. El gobierno de Xiomara Castro aduce que con la nueva ley, más allá de mejorar la recaudación fiscal, busca “mejorar las estructuras de costos”, que “la economía deje de depender de las exoneraciones” y “revertir los privilegios fiscales, creando un sistema tributario justo y transparente”.
Esos objetivos, según lo propuesto, se alcanzarán eliminando los regímenes de beneficios fiscales vigentes hasta ahora “porque no han producido los beneficios sociales o económicos que compensen o justifiquen la pérdida fiscal y fueron diseñados para privilegiar a grupos empresariales afines a autoridades de turno”.
Desde el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) se ha cuestionado el anteproyecto de ley por considerar que el mismo “coloca a Honduras en una clara desventaja competitiva frente a otros países de la región que han enfocado sus esfuerzos en políticas tributarias orientadas a la atracción de nuevas inversiones y generación de empleos”. En medio de la controversia, el documento ya ha sido enviado al Congreso Nacional para su discusión y aprobación.
Los diputados tienen en sus manos la oportunidad de pensar y actuar en favor de un pueblo que clama por más productivdad, por más empleo, lo que sin duda solo se logrará con más inversión, con más empresas que generen esos empleos.
Cada uno de los diputados está llamado a pensar en el país, a escuchar la opinión de los diferentes sectores y a tomar en cuenta esas opiniones o recomendaciones, dejando de lado la mala práctica de socializaciones que no pasan de reuniones con grupos afines y hacer oídos sordos a las posiciones de grupos que ellos consideran contrarios a su ideología o proyectos políticos.
Como lo ha establecido el Cohep, Honduras demanda de leyes que permitan al país poder mejorar sus indicadores de competitividad en relación con los aspectos tributarios.
