Son varios los sectores de la sociedad que alzan su voz para llamar a bajar los niveles de confrontación que involucra a distintas fuerzas políticas, las Fuerzas Armadas y las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE) por los sucesos que marcaron las elecciones internas del 9 de marzo anterior, en relación a la distribución del material electoral.
Las consejeras Cossette López y Ana Paola Hall son víctimas de una cruda y despiadada campaña de parte de funcionarios de la actual administración, activistas políticos y usuarios de redes sociales que las consideran responsables de los retrasos en la entrega del material electoral en varios sectores de la capital hondureña, y salvan de responsabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas, que debían ser los garantes del proceso según manda la Constitución.
Cualesquiera que sea la intención de quienes están atizando la campaña contra las consejeras del CNE, debe ser contrarrestada con posiciones firmes que lleven a las partes en conflicto a buscar acercamientos, diálogos y propuestas de soluciones encaminadas a garantizar la vida, la seguridad y el trabajo de todos y cada uno de los miembros del CNE, en el marco de lo que establecen la Constitución y las leyes de la República, y con ello, la continuidad de la democracia.
Hoy, la tarea de los y las hondureñas de bien es, tal y como lo expusieron en un comunicado los representantes de la Unión Europea en Honduras, facilitar que el órgano electoral siga cumpliendo con el rol que le encomienda la Constitución de la República y las leyes electorales.
Respetar la institucionalidad del Estado es fundamental para garantizar la estabilidad, el desarrollo y la convivencia pacífica de la sociedad hondureña que lucha día a día con la multiplicidad de problemas que requieren la atención inmediata de quienes tienen el privilegio de acceder al poder.
