Las celebraciones, hoy, 18 de diciembre, del Día Internacional del Migrante, nos convocan, sin duda, a reflexionar sobre este fenómeno que marca la vida de miles de personas que, sin importar las causas, se ven obligadas a dejar la tierra que les vio nacer para ir a otros destinos en busca de una mejor vida.
En el caso de Honduras, este día no podemos olvidar a un gran número, a millones de hondureños y hondureñas que por la pobreza, la violencia y la delincuencia -que están a la cabeza de las listas de las razones por las cuales una persona decide migrar- se han ido de su hermoso terruño en busca de un empleo digno que les permita mejorar las condiciones de vida propias y de su familia.
Tampoco se puede olvidar los riesgos a los que se enfrentan en el peligroso camino que representa ir a los Estados Unidos, el principal destino de los migrantes hondureños, y a otros países del mundo, donde también deben enfrentar, en muchas ocasiones, problemas para su inserción en sociedades a las que llegan.
Esta es una fecha en la que la sociedad, pero principalmente aquellos que tienen el privilegio de manejar las riendas del país, deben asumir la responsabilidad de impulsar políticas integrales para enfrentar con efectividad cada una de las causas que obligan a salir a nuestros compatriotas.
La lucha contra la corrupción, que drena millones de lempiras de los presupuestos de la nación a bolsillos de particulares en detrimento de la población, es una de esas luchas que se deben enarbolar, más allá de las ofertas que se hacen en las campañas políticas que los llevan al poder.
Migrar es un derecho humano reconocido en varios tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nunca debe de verse como una válvula de escape para aliviar parcialmente el cúmulo de presiones y reclamos sociales, económicos y políticos cada vez más intensos, en sociedades altamente desiguales como la nuestra.
