En los primeros seis días del año 2025, once mujeres han sido asesinadas de manera cruel en varias regiones del país, según los registros de organizaciones defensoras de derechos humanos.
Estas muertes, que se suman a miles más registradas en años anteriores, deberían ser un llamado urgente a la sociedad en general y a las autoridades en particular para tomar acciones contundentes encaminadas a frenar estos hechos, que solo reflejan una crisis profunda que requiere de la atención inmediata de parte de las autoridades y la sociedad.
No se puede seguir de brazos cruzados, contando el número de víctimas.
La gravedad del problema demanda identificar acciones y políticas urgentes para la prevención y la protección de las mujeres y las niñas expuestas a todo tipo de violencias.
Es necesario que todas y cada una de las instituciones públicas que tienen entre sus objetivos proteger la vida de las féminas hagan bien su trabajo y que, ante el inminente fracaso de las políticas públicas impulsadas hasta ahora, se propongan el reformulamiento de las mismas con el único fin de garantizar todos y cada uno de los derechos constitucionales de las mujeres.
Porque como lo ha expuesto en varias ocasiones el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, es inaceptable que las mujeres y niñas sigan perdiendo la vida por la falta de respuestas y acciones para hacer frente a las causas que generan este tipo de violencia, como inaceptable es, también, el alto índice de impunidad del que gozan los hechores de estos asesinatos.
Es tiempo ya, entonces, de terminar de contar el número de muertes de mujeres y que el Estado asuma su responsabilidad de garantizar el respeto a la dignidad y la vida de las mujeres, y con ello comenzar a construir una sociedad más justa e igualitaria para todas y todos.
