El atentado contra el expresidente estadounidense Donald Trump, el sábado anterior, cuando participaba en un mitin político en Pensilvania, además de ser repudiable, es un hecho que deja sobre la mesa un problema de gran repercusión al que se enfrentan, desde hace ya varios años, las democracias en varios países de América y del mundo.
México es un ejemplo reciente. En la campaña electoral que concluyó con la elección de Claudia Sheinbaum se registraron, según datos de organismos de sociedad civil, al menos 28 aspirantes asesinados y más de 60 ataques a políticos.
En México, los analistas consideraron que la ola de violencia tuvo su epicentro en la lucha de los carteles del narcotráfico para mantener y extender sus controles territoriales.
Pero cualesquiera que sean las motivaciones, queda claro que estos hechos tratan de minar el fortalecimiento de las democracias con fines aviesos, y así lo han dejado claro los diversos líderes mundiales que han condenado el atentado contra el candidato presidencial republicano.
La violencia política no tiene ni debe tener cabida en ninguna sociedad del mundo, las que deben basar su desarrollo en el respeto irrestricto de los preceptos democráticos como único camino para trabajar a favor del desarrollo de sus pueblos.
Este acto de violencia es un banderillazo para sociedades como la hondureña, que se encamina a un proceso electoral que debe estar marcado por el respeto a las ideas.
Las autoridades están obligadas a garantizar el respeto a la libre exposición de las ideas y los espacios para elecciones en las que el pueblo pueda decidir libremente y sin imposiciones a sus nuevas autoridades.
Las balas, los insultos, los llamados a agredir al contrario porque no piensa como yo, no deben ser jamás la norma en el próximo proceso electoral, así como el respeto irrestricto a la exposición libre de las ideas en el marco del Estado de derecho
