La carrera electoral, que concluirá con la elección de los nuevos inquilinos de la Casa Presidencial en noviembre de 2025, ha iniciado, y los organismos encargados de la fiscalización de las campañas electorales no cuentan, hasta ahora, con los presupuestos requeridos por ley para ejecutar su trabajo.
La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) espera que, a destiempo, los diputados aprueben esta semana su presupuesto, mientras el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) anuncia el cierre de su portal de transparencia, vital para el acceso a la información por parte de la ciudadanía, por la misma causa, es decir, que no cuentan con presupuesto para mantenerlo activo.
En Honduras el movimiento de dineros sucios en las campañas electorales no es cuento de camino real, pues hay casos comprobados, a tal grado que esta fue una de las causas por las que fue condenado a 45 años de prisión en los Estados Unidos el expresidente Juan Orlando Hernández.
Es de conocimiento público también un video en el cual se ve y escucha a conocidos capos del narcotráfico negociando la entrega de dinero para campañas con conocidos personajes de la política local, entre ellos el diputado de Libre Carlos Zelaya, quien, incluso, se vio obligado a renunciar a su investidura.
El fortalecimiento de la UFTF y del IAIP hoy más que nunca es vital, con el único propósito de que los criminales no incluyan a sus peones en las listas electorales, alteren los resultados electorales y burlen así la voluntad popular expresada en las urnas.
La clase política representada en el Congreso Nacional es responsable de esa aprobación, sin más dilaciones. No deben dar más largas a este asunto. No hay razones válidas.
Saber quiénes son los aportantes de las campañas, de dónde provienen los fondos y cerrar las puertas a los dineros sucios es prioritario para la endeble democracia hondureña.
