Opinión

El infierno de Dante

Honduras es hoy extremadamente violenta, aunque no está atravesando un conflicto armado interno o internacional. San Pedro Sula, su capital industrial, es considerada la ciudad más violenta del mundo. Por otra parte, varias zonas de este país centroamericano prácticamente ya no están bajo control de la autoridad, y son igual o más peligrosas que las regiones de otras naciones azotadas por conflictos armados político-religiosos o por la lucha de territorios para acciones ilícitas como el tráfico de drogas, de armas y de personas.

La violencia en el caso hondureño llama la atención porque tiene una particularidad: no es de carácter focalizado, sino que tiene rasgos de que está volviéndose un fenómeno algo más generalizado. Igual puede manifestarse desde la estéril confrontación entre los representantes de los poderes del Estado, en el comportamiento de los profesores, en la interacción entre los niños y los jóvenes hasta en la relación familiar y de convivencia diaria. La intolerancia y falta de consensos para llegar a acuerdos son rasgos de la sociedad hondureña y se manifiestan en la actitud prepotente y autoritaria de los altos funcionarios públicos, hasta en el manoteo violento y las mentadas de madre del ciudadano al conducir o el tratar de imponer a gritos su criterio en una plática o discusión sobre cualquier temática.

En nuestro último viaje a tierras hondureñas, el acercamiento fue más con los jóvenes, quienes se han convertido junto con las mujeres en los dos sectores más vulnerables y que están huyendo de manera forzada. “Aquí ningún lugar es seguro”, nos dijo una estudiante universitaria con un gesto de incredulidad y una media sonrisa un tanto irónica ante nuestro cuestionamiento sobre la seguridad en Tegucigalpa y los lugares donde ella podía sentirse segura. Pero más elocuente y fatídica no pudo ser la respuesta de otro joven: “aquí salís de la casa y la verdad es que no sabés si vas a regresar vivo”.

Sin duda que eso es una señal alarmante, que las autoridades del gobierno no han querido atender y sobre ese asunto mejor han optado por lanzar la mirada a otra parte o intentar señalar a falsos culpables.

Esa impunidad e ingobernabilidad que predomina en el país ha sido expuesta de manera cruda por EL HERALDO (06/02/2012).

Las imágenes dadas a conocer causaron terror e indignación en la población indefensa, pero no en las autoridades, que gozan de protección con dinero del pueblo y que mejor se envalentonan en contra del medio de comunicación que los expuso en su desidia, pero ni así tomaron valor para ir a buscar a los delincuentes.

Frente a tal situación, la pregunta es:

¿por qué?

¿Qué o quién le impide a las autoridades de gobierno tener la mínima voluntad para hacerlo? Para eso se les paga, ¿no? Y muy bien, con buenos sueldos, viáticos y toda la seguridad personal y familiar que ellos mismos se asignan, pero que no la tienen los ciudadanos que andan a pie por las calles o los que no tienen vehículos y portones blindados.

¿Acaso ya no son los encargados de administrar la justicia en esta nación? Si es así, ¿por qué les permitimos que sigan extraviando el país? ¿No es posible otra Honduras? ¿Por qué, cuándo y cómo les dejamos que perdieran el fundamental compromiso con lo humano?

Estas interrogantes pueden ser punta de lanza para empezar un análisis político y jurídico del país y de su podrida clase política. De la misma forma, pueden servir de reflexión para encontrarle una posible salida a los conflictos y los diversos y complejos problemas que hoy presenta la nación.

Todo con el ánimo de buscar alternativas pacificas y no intrincarse en acciones que nos lleven a imaginar un escenario apocalíptico como el infierno de Dante.

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