La corrupción en la administración del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), desde hace tiempo sufrida por los cotizantes y reconfirmada el jueves pasado en el informe preliminar de la Junta Interventora, es una oportunidad también para que el actual gobierno y los órganos contralores, investigadores y de aplicación de la justicia demuestren su compromiso en la lucha contra el terrible flagelo que tiene a Honduras no solo en la lista de los países más pobres, subdesarrollados y corruptos, sino de aquellos en los que los delincuentes de toda laya gozan de más impunidad.
Y es que el caso del despilfarro de los fondos del IHSS resulta emblemático no solo por el descaro y el libertinaje de quienes ejercen el poder directamente sino porque también resultan implicados miembros de prácticamente todos los sectores nacionales, incluso algunos que pasan pontificando en contra de la corrupción.
Las víctimas también son emblemáticas porque no solo el erario resulta perdedor sino también todos los asalariados y los empresarios, quienes mensualmente aportan y no les retribuyen lo que les corresponde. Los primeros ni siquiera obtienen la atención médica esperada y los segundos incluso son víctimas del tráfico de incapacidades, que terminan elevando sus costos de producción y, por lo tanto, restándoles capacidad competitiva.
Y allí está el gran reto del gobierno del presidente Hernández, del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), del Ministerio Público y del mismo Poder Judicial: que el informe preliminar de la Comisión Interventora, que las acciones que anuncia la Fiscalía y el TSC no se queden en una mera alharaca con fines propagandísticos, como ya ha ocurrido tantas veces en Honduras.
Por lo general se culpa a los políticos de la corrupción, pero en este caso el hecho de que los grandes contratos hayan sido aprobados por el Congreso Nacional y que en medio de las decisiones exista una Junta Directiva en la que tienen representantes, además del gobierno, también los trabajadores organizados y la cúpula empresarial, pone de manifiesto que ninguno de los sectores con poder de decisión puede exhibir pulcritud. Por lo tanto, la lucha contra la corrupción debe ser generalizada.
El escándalo de corrupción en el IHSS debe desembocar en que la Policía cumpla con las órdenes de captura de los prófugos, que el TSC vaya más allá de los hallazgos de la Junta Interventora, que todos los implicados terminen enjuiciados y condenados, que los empresarios corruptores no solo paguen por el ilícito cometido, sino que queden vedados, por siempre, para hacer negocios con el Estado, y todos los que estafaron al Seguro Social devuelvan lo mal habido.
