Es evidente que al actual gobierno que está por terminar tampoco le interesó velar por el bienestar de la población, pues si así hubiera sido la gente no estaría huyendo desesperada. Hoy nuestra Honduras es considerada la nación más violenta del mundo, donde el respeto a la vida y los derechos humanos de las personas es algo irreal, que puede constatarse con la elevada tasa de homicidios (85.5) producto de la violencia, la corrupción política y policial.
No se brindó seguridad pública, no se generó trabajo, no se otorgaron los mínimos beneficios sociales como eficientes servicios de salud y educación, entre otros. Hoy Honduras es uno de los países que más personas expulsa y puede comprobarse con las cifras que a diario registran los albergues de migrantes en el corredor migratorio de México-Estados Unidos.
Una parte de esa historia es conocida, pues se sabe que a diario llegan a las casas albergues los hondureños bien molidos, que son los más numerosos, los más necesitados y los más violentados en el trayecto. Niños, mujeres y hombres obligados a emigrar arriesgando su vida para tratar de sobrevivir; pero en muchos casos ese anhelo se convierte solo en una cruel pesadilla, pues gran parte de ellos mueren en el camino o quedan lisiados de por vida.
La indiferencia gubernamental ha sido tan grande que frente a los centenares de muertos, lisiados y hechos trágicos no existe hasta la fecha una mínima campaña de concientización e información sobre los riesgos y peligros en el tránsito por México hacia Estados Unidos.
Los resultados de estudios que hemos venido realizando en esos albergues de migrantes son contundentes: de quien menos ayuda reciben los y las migrantes hondureñas indocumentados es de las embajadas y consulados de su país de origen. Una mayoría (61%) dijo haber recibido solamente un apoyo y auxilio de casas o albergues de migrantes.
Por otra parte, la mayoría (78%) dijo no tener conocimiento de todos los riesgos y peligros que iban a enfrentar en el camino, solo una minoría (22%) dijo sí tener alguna información al respecto, pero esa no fue proporcionada por alguna instancia gubernamental, sino que fue obtenida por su propia experiencia; a través de aviso y plática con otros migrantes amigos y familiares o por las noticias y reportajes que han difundido los medios de comunicación.
En resumidas cuentas, este gobierno, al igual que los anteriores, tampoco generó una política pública para atender la compleja problemática de la migración indocumentada de los compatriotas que todos los días se ven obligados a desplazarse sin documentos hacia el norte en busca de un trabajo, de un mejor salario o la seguridad que no se les da en su país.
Aún persiste la política de mejor que se vayan; que vean cómo le hacen para resolver sus problemas; quédense allá, pero manden dólares para mantener a flote la economía. Estamos frente a un gobierno y un Estado en decadencia que no pueden sobrevivir por su propia cuenta, mucho menos sin la recepción de las remesas que mes a mes envían los migrantes.
Por esa razón, su política es expulsar a la población y a la vez de forma directa o encubierta ofertarla como producto de exportación o mano de obra barata, para así poder incursionar en el mercado capitalista y obtener beneficios. Una nación y trabajadores a bajo costo fue lo que ofreció el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández a través de los malogrados programas Honduras is Open for Business y las “charter cities”. Es decir, están ofertando al país y a su población como el paraíso de la explotación y la esclavitud.
Es por ello que el gobierno de Porfirio Lobo Sosa y Juan Orlando Hernández se tomó esa tarea muy en serio, pues en su plan de transformación nacional figuró el explotar a los y las migrantes y sus familias, ofreciéndoles que cotizasen al sistema de seguro social, cuando esa institución está quebrada. Si no tiene ni medicamentos, menos puede garantizarles atención médica de calidad y jubilación digna. Casi igual ocurrió con las medidas legislativas aprobadas con el fin de obtener fondos para supuestamente dar seguridad a la población, pero de nada sirvió. Aquí nadie tiene garantizada la vida en su hogar, menos al salir a la vía pública para desplazarse a los centros de trabajo y educación.
Esa es la dinámica de explotación que debe develarse, pues les deja redituables ganancias, asimismo, debe ser desenmascarada esa política de extorsionar a la población, pues son expertos en el despojo. Este gobierno solo planeó el cómo sacar provecho. Extorsionar fue su especialidad. Esquilmar a quien menos tiene, a la gente pobre que expulsan, que luego buscan para intentar sobreexplotarla y así destinar los recursos a sus campañas políticas. La estafa de por medio es arrancar dinero para poder financiarle la campaña al candidato.
Este gobierno y los anteriores no hicieron nada en materia de políticas públicas para atender un problema tan grave como es la migración indocumentada de los hondureños hacia EUA. El desafío es enorme. Es un gran reto que quedará pendiente: el no expulsar a la población y no incentivar esa válvula de escape que está generando un saldo negativo para el país. Sin embargo, es casi seguro que la migración forzada, la inseguridad pública, la violencia y otros de los múltiples problemas sociales de la nación continuarán, porque es difícil que los politiqueros dejen de creer que democracia no es hacer lo que a ellos se les antoja, sino lo que el pueblo quiere. A menos que los ciudadanos desistan de llevar timadores al poder.
* Es evidente que al actual gobierno que está por terminar tampoco le interesó velar por el bienestar de la población, pues si así hubiera sido la gente no estaría huyendo desesperada.
