La semana pasada el gobierno, por medio de su secretario del Interior, anunció que por fin ejercerá un control más estricto de las ONG e, incluso, amenazó con cancelar las personerías jurídicas de aquellas que dentro de 30 días no presenten un informe sobre sus estados financieros, sus actividades y cambios en sus juntas directivas.
Teóricamente, y en la mayoría de los casos también en la práctica, las Organizaciones No Gubernamentales son un coadyuvante en la lucha contra las múltiples carencias que sufren los miembros de una sociedad, ya sea por la negligencia o ineptitud gubernamental o, simplemente, porque hay tareas que son mejor desempeñadas por el ámbito civil organizado o de una manera mucho más cercana a los beneficiarios directos.
Sin embargo, en Honduras, como en otros países del mundo, algunas ONG ya son concebidas con propósitos no tan altruistas o se desvían de su propósito original; entre estas pueden encontrarse desde las creadas en potencias mundiales para mantener cierto control o vigilancia en sus zonas de influencia o en territorios adversos, hasta aquellas utilizadas como “lavanderías” para limpiar el dinero sucio del crimen organizado o el producto de la corrupción oficial pública.
En Honduras operan 13,400 ONG, pero solo 10,550 están intervenidas por el Estado, según el ministro Áfrico Madrid, quien informó que en “un trabajo investigativo que nos llevó casi un año” se logró “detectar a estas organizaciones que han venido operando irregularmente”.
Además de lo señalado por el ministro Madrid de que “sospechamos que algunas de estas Organizaciones No Gubernamentales pudiesen estar siendo utilizadas por el crimen organizado para ocultar activos, ocultar bienes o para evadir impuestos en otros casos”, también existen aquellas creadas por políticos, ya sea para desviar fondos públicos o para captar recursos de diversas fuentes.
Aunque, por cierto, educación y salud no son precisamente buenos ejemplos de que el gobierno está “poniendo orden”, como lo mencionó Madrid, ojalá que el anuncio de que se van a controlar mejor las ONG sí se concrete y cumplir con el ultimátum dado a las que no respetan las reglas establecidas será la mejor forma de demostrar la seriedad gubernamental en este caso.
