La crisis creada por el nuevo zarpazo a la Constitución que representa la destitución de cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia quedó ayer prácticamente en manos del magistrado presidente después de que, tal y como se esperaba, los nuevos integrantes nombrados ilegalmente por el Congreso Nacional se excusaron de conocer el recurso de amparo interpuesto por los cuatro destituidos.
Si en 2009 fueron los poderes Judicial y Legislativo los que se unieron para dar el golpe al Ejecutivo, el pasado 12 de diciembre la “alianza” entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo fue la encargada de exhibir la vulnerabilidad institucional catracha, la inexistencia de un verdadero estado de derecho y el acomodamiento de la Constitución y de las demás leyes del país a la conveniencia de quienes tienen el poder en un momento dado.
A quienes desde Casa Presidencial y el Congreso Nacional decidieron “destituir” a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional solo por haber emitido un fallo con el que no estaban de acuerdo —así como a todos los violadores de nuestras leyes de ayer y hoy— poco les importa la independencia de los jueces, los pesos y contrapesos y el sistema democrático y republicano en general como un elemento esencial del estado de derecho.
Como bien lo señaló la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) tras conocer este nuevo atentado contra el sistema democrático en Honduras: “uno de los objetivos principales que tiene la separación de los poderes públicos es la garantía de la independencia de los jueces”… sin la cual no existe estado de derecho.
Después de lo ocurrido ayer, según los expertos, el titular del Poder Judicial tiene dos opciones: formar una Sala Constitucional especial para conocer exclusivamente el amparo, con magistrados del pleno, o recurrir a los magistrados de las Cortes de Apelaciones.
Pero lo más importante, sin embargo, es que se mantenga la independencia de los poderes del Estado; que en este caso, el Poder Judicial no se someta a los caprichos o conveniencias de quienes tienen el control del Legislativo y el Ejecutivo porque lo contrario sería otro demoledor mazazo contra la ya endeble estructura institucional catracha.
