¿Por qué será que solo cuando individual o colectivamente nos vemos afectados por medidas o acciones tomadas por el gobierno es que sacamos a relucir la importancia y validez que tiene la Constitución de la República? ¿Por qué será que solo cuando queremos que se nos respeten los derechos, algunos no regulados por la Constitución y las leyes generales, es que demandamos que el gobierno respete lo que manda la Constitución de la República?
En Honduras ha sido un práctica frecuente que los hondureños, y algunos extranjeros, no respetemos lo que manda nuestra carta magna, unos porque la desconocen o porque solo conocen lo que dice sobre derechos y no sobre obligaciones; y otros que la conocen muy bien, pero que les importa poco el respeto de sus disposiciones o que por intereses particulares la violan por simple capricho o por oportunismo si están en el poder.
Es lamentable escuchar de parte de grupos élites y privilegiados reclamos para que el gobierno se rija irrestrictamente por los derechos que la Constitución y las leyes vigentes mandan, olvidando o desconociendo que también es el gobierno el responsable de velar porque los ciudadanos cumplan con los deberes que igualmente dicta la Constitución.
El reclamo por el respeto a las conquistas alcanzadas –la mayoría fomentadas por algunos políticos– por diversos grupos privilegiados es un derecho a respetar, pero la forma y los actos que se ejecutan por el reclamo es lo que la ciudadanía cuestiona a la parte que exige mantener sus derechos, aunque estos violen el principio de no constituir clases o gremios privilegiados.
El respeto a las leyes terrenales, y celestiales también, es lo que permite que exista armonía en la convivencia ciudadana, lo contrario crea descontento y temor en vivir en un país sin autoridad y respeto mutuo entre gobernantes y gobernados. Por eso cuando se promulguen leyes, o convengan contratos o estatutos para grupos o sectores sociales debe prevalecer el respeto a los mandatos de la Constitución de la República entre las partes que negocian y no solo pensar en intereses, beneficios o “conquistas” particulares que dividen a la población en clases de las cuales, unas viven y se sirven de los recursos del Estado en desproporción y desventaja contra otras.
La actitud de respeto a la Constitución de la República y a las leyes vigentes, o seguir los caminos correctos para reformarla si lo consideramos necesario la mayoría, nos pondrá en un plano civilizado y sin ventajas de clases elitistas o de gremios profesionales contra los ciudadanos que no pudieron –o que se les niega– educarse o capacitarse para tener mejores oportunidades o roles en la sociedad.
Ya es suficiente la demagogia y la polarización de nuestros ciudadanos con eso de que muchos viviendo como ricos y sin haber pasado pobreza dicen ser representantes de los pobres, o esos que dicen que el pueblo necesita educación, salud y seguridad y son los principales obstáculos para que eso se le dé al pueblo.
