Juan Jacobo Rousseau desarrolla en el libro “El contrato social” los fundamentos teóricos de lo que también podemos llamar “pacto social”.
Por cierto, el presidente Lobo Sosa utiliza muy mal este concepto al afirmar que a través de las elecciones, que lo llevaron al poder, él firmó un contrato o pacto social con el pueblo. Falso, la teoría contractualista no se refiere a elecciones presidenciales, sino a compromisos y acuerdos de carácter general en una sociedad.
Rousseau señala en su seminal obra que “el orden social no es parte del derecho natural: está fundado sobre convenciones”. Es decir, que la sociedad se rige por leyes objetivas del desarrollo, acuerdos, pactos y sistemas que el hombre construye para prosperar individual y colectivamente en paz.
El teórico francés apunta que “encontrar una forma de asociación que defienda y proteja con la fuerza común la persona y los bienes de cada asociado, y por la cual cada uno, uniéndose a todos, no obedezca sino a sí mismo y permanezca tan libre como antes.
Tal es el problema fundamental cuya solución da el contrato social”. Se trata que las personas cedan un poco de su libertad, para que exista una voluntad superior, que es el Estado, para que norme, administre y dirija la convivencia y desempeño de todo el cuerpo social.
Thomas Hobbes, autor del “Leviatán”, dirá que debido al estado de naturaleza del hombre “que es el de guerra de todos contra todos”, surge la necesidad de establecer un orden superior que regule la sociedad e imponga la paz.
Este gran planteamiento sobre la convivencia social y papel del Estado se desarrolló posteriormente en dos vertientes fundamentales, que son, la democracia liberal representativa y el socialismo marxista.
Guerras, Constituciones, procesos electorales y de diálogo entre actores sociales han sido mecanismos que han llevado a muchos países del mundo a establecer pactos sociales que les ha permitido reencontrarse con la ruta al desarrollo y bienestar colectivo.
En Honduras la Asamblea Nacional Constituyente de 1980 representó un nuevo escalón en la búsqueda de un pacto social; sin embargo, el paso del tiempo y la irrupción de una serie de factores económicos, políticos y de seguridad han deteriorado tanto el entramado de la sociedad que el país ha entrado en la mayor crisis de su historia, misma que afecta prácticamente todos los ámbitos de la vida nacional.
Honduras no saldrá de esta profunda crisis por el simple hecho de elegir un nuevo presidente, aunque provenga de los partidos en la oposición, los problemas actuales son de tal envergadura que han rebasado la capacidad de cualquier gobernante, por muy inteligente que sea, y solo pueden ser enfrentados con posibilidades de éxito si se recompone de manera profunda la sociedad hondureña.
En el 2009 “Mel” Zelaya estremeció al país con su planteamiento de la asamblea constituyente, una buena idea pero en manos equivocadas y siguiendo procedimientos ilegales, impositivos y conducentes al continuismo en el poder de una nueva élite que se creía iluminada.
Sin embargo, hoy, con la situación desesperante y casi sin salida que vive la nación es urgente que los diversos sectores influyentes y beligerantes comiencen a contemplar la idea de un nuevo pacto social que ponga freno a la desbocada crisis material y moral de Honduras.
Ello puede ser posible únicamente a través de la elaboración colectiva, abierta y transparente de una nueva Constitución, acompañada también por grandes acuerdos extra jurídicos.
Honduras requiere de profundos cambios legales, políticos, institucionales, educativos, económicos, éticos y morales, que recompongan este enfermo cuerpo social.
No hay otra salida.
Hay que hablar de este tema sin prejuicios, en el marco del Estado de Derecho, respetándose todos, sean minorías o mayoría, y esencialmente en el ámbito de la democracia.
“Así como la naturaleza ha dado al hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social da al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos”, decía Rousseau.
