Tegucigalpa, Honduras
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih) presentará un borrador de la Ley de Colaboración Eficaz que permitirá atrapar grandes redes de corrupción.
El anuncio lo realizó el pasado lunes pasado el vocero de la Maccih, Juan Jiménez Mayor, durante una conferencia de prensa en la que presentó de forma oficial al exfiscal argentino Manuel Garrido.
A ellos también les acompañaron Jacobo Domínguez y Marta Pacchiotti, miembros de la Misión. Jiménez indicó que para el proceso de combate a la corrupción será clave la creación de la Ley de Colaboración Eficaz.
Informó que esta semana la Maccih presentará al fiscal general Óscar Chinchilla el borrador de esta normativa, que esperan pueda ser presentada al Poder Ejecutivo “luego de que el fiscal general determine que se trata de una iniciativa técnicamente efectiva en el objetivo de combate a la corrupción”.
Esta ley que existe en países como Estados Unidos permite a los investigadores otorgar beneficios como reducción de penas a implicados en casos de corrupción que colaboren en la captura de grandes redes delictivas.
Para Honduras esto no es desconocido, ya que en la normativa penal se contempla la figura denominada Criterio de Oportunidad, que funciona de igual manera.
La corrupción es un delito y como tal debe ser sancionado, precisamente la función de la Maccih es cooperar para que se apliquen las sanciones a quienes cometieron hechos de corrupción'. |
Resultados
Jiménez destacó también los resultados que ya se han visto de la institucionalidad hondureña en el combate a la corrupción.
Para el caso reconoció que a través de un convenio que la Maccih firmó con la Procuraduría General del Estado para la no conciliación de casos de corrupción, se lograron rechazar 38 solicitudes de este tipo de casos.
“Este es un hecho que nos llena de alegría porque efectivamente podemos combatir la corrupción con los elementos que están en este momento a la mano”, expresó.
Sin embargo, la reacción de Jiménez no fue igual luego de ser solicitada su opinión ante la posición de la fiscalía, que aceptó un procedimiento abreviado para que Ilsa Vanessa Molina, conocida como “La Palillona”, se declare culpable.
De esa forma Molina logrará obtener una reducción en su pena por el lavado de activos que cometió en el caso del Seguro Social.
Cabe indicar que la pena máxima de este delito es de 15 años, pero al reconocer su culpa la pena podría bajar hasta 11 años, lo que le permitiría a Molina conmutar por cinco años y quedar en libertad.
Al respecto Jiménez dijo que la Misión tiene conocimiento de que a Molina se le aplica el tipo penal más alto que tiene la legislación hondureña, pero aseguró que estarán pendientes del desarrollo de este caso.
'Estamos dando un seguimiento muy cercano de ese proceso a efecto de que se tenga una sanción severa también por los delitos cometidos; el principio que defiende la Misión es que toda persona involucrada en el caso del Seguro Social tenga la sanción más ejemplar posible dentro del esquema penal hondureño”, aseguró.
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