La estructura criminal de la cual forman parte al menos 20 oficiales y 10 agentes de la Policía de Honduras no solo enviaba armas a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), sino que también coordinaba aterrizajes de narcoavionetas en Choluteca, San Esteban, Olancho, Yoro y Comayagua.
El aterrizaje de una narcoavioneta el miércoles 16 de octubre de 2002 en un predio privado a la altura de la carretera que de San José de la Landa conduce a la aldea de El Tulito, Choluteca, y la denuncia del policía Exequiel Antonio Estrada Izaguirre llevaron a identificar a este grupo de policías que, haciendo uso del uniforme, las armas y la autoridad que les confirió el Estado delinquían a sus anchas en el sur y centro del país.
Aunque las máximas autoridades policiales y de la Secretaría de Seguridad desde el 2003 tuvieron información sobre el actuar de estos uniformados, no hicieron nada y los dejaron operar y ascender a los grados inmediatos superiores.
A medida transcurrieron los meses y los años, las advertencias realizadas por Estrada Izaguirre en su informe se cumplieron, incluso la mayoría de los oficiales y agentes mencionados se vieron involucrados en diversos delitos como el asesinato del zar antidrogas Julián Arístides González y del asesor de seguridad Alfredo Landaverde, otros fueron ultimados o capturados y luego puestos en libertad.
Actualmente, algunos de ellos son de mucho interés para las autoridades antinarcóticos de Estados Unidos, según fuentes de la Secretaría de Seguridad.
Asimismo, seis de estos oficiales mencionados en el informe enviado por Estrada Izaguirre, y corroborado por una investigación contenida en el oficio DGPP-DNT-No.0275-2004, están en proceso de ascenso al grado de comisionados. Igualmente cinco de los agentes señalados siguen activos en la Policía.
El que estos informes e investigación contenidos en el expediente SEDS-0416-2010 nunca fueran remitidos al Ministerio Público revela cómo desde lo interno de la Policía se protegía a estas bandas delictivas uniformadas.
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Informe
Eran la 1:10 de la tarde del 16 de octubre de 2002 cuando una aeronave sospechosa con matrícula colombiana intentaba aterrizar en los predios de una empresa agrícola.
Como los policías ya habían visto otras veces descender aeronaves desconocidas en una pista clandestina al interior de la empresa, que siempre les negó el acceso para revisar los aparatos, decidieron apostarse en el portón de entrada de la mencionada industria, sin que les permitieran entrar.
Debido a la presencia policial, la aeronave cayó en un predio privado, situado a unos dos kilómetros de la pista señalada, hasta donde un grupo de oficiales de la Policía, un alto ejecutivo y un diputado llegaron de inmediato, rescataron los dólares y la droga la cargaron en un Ford 250 color rojo, sin placas, propiedad de un jefe policial.
30 policíasentre oficiales y agentes son señalados de pertenecer a una estructura criminal. |
Asimismo, los oficiales permitieron la fuga del piloto colombiano Luis Mauricio Palacios Giraldo y del copiloto guatemalteco José Ramón Gamboa Lara, pero cuatro horas después unos policías que patrullaban la zona los capturaron.
Los altos oficiales coordinaban la llegada de las narcoavionetas y los oficiales subalternos custodiaban el aterrizaje en la pista clandestina y trasladaban la droga vía terrestre en la patrulla policial con registro RPM 6-07 hasta la frontera con Guatemala, o sino lo hacían por lancha hacia El Salvador.
Asimismo, se detalla que cuando iba a registrarse un aterrizaje, estos oficiales colocaban a los policías de análisis de Choluteca y Tegucigalpa y a policías de Tránsito en puntos estratégicos como si estuvieran realizando operativos, pero el fin era detectar la presencia de agentes de la Dirección de Lucha contra el Narcotráfio o elementos de la DEA.
Luego los oficiales se reunían con el diputado y el alto ejecutivo para recibir su paga por los servicios prestados o para repartirse las ganancias que dejaba el tráfico de estupefacientes.
De acuerdo con el informe, el día que capturaron al piloto y copiloto, los sacaron de la celda y los llevaron a la oficina del jefe departamental, donde se encontraban todos los miembros de la estructura criminal policial y ahí uno de ellos les dijo a los detenidos que no se preocuparan, que iban a salir libres fuera como fuera, “que iban a planificar con los policías penitenciarios una operación para facilitar la fuga”.
Asimismo, a raíz del informe enviado a la directora de la policía Coralia Rivera, por el policía Estrada Izaguirre, “al diputado nacionalista Armando Ávila Panchamé se le dio seguimiento por miembros de la Lucha contra el Narcotráfico y el 5 de julio de 2003 fue detenido in fraganti cuando esta misma estructura criminal aterrizó una narcoavioneta en el municipio de San Esteban. En ese momento también acudieron los mismos oficiales miembros de la estructura criminal, pero los policías no los capturaron”, describe uno de los informes.
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Complicidad
A pesar de que el 10 de marzo de 2003 la Dirección de Tránsito recibió el informe enviado por el inspector Juan Carlos Sotelo, edecán de la directora de la policía Coralia Rivera, y para que investigara de inmediato el documento se le asignó a uno de los oficiales hasta el 5 de abril de 2004, cuando los inculpados ya no podían ser sometidos a un procedimiento administrativo. Por lo cual el oficial al concluir su investigación recomendó remitirlo al Ministerio Público.
Declaración
Tras confirmar la existencia de una pista clandestina en la empresa agrícola, el viernes 9 de abril de 2004 el equipo de investigadores le tomó declaración al ejecutivo, quien no negó la existencia de la pista, argumentando que era para una avioneta dedicada a la fumigación de los cultivos.
Mencionando sus nombres, aseguró que los oficiales de policía asignados en Choluteca y otros que tienen oficina en Tegucigalpa tenían conocimiento de la pista.
Expresó que por la ayuda de estos oficiales la empresa colaboraba con combustible para todas las patrullas y oficiales de la Policía asignados en Choluteca, también ayudaba económicamente para que se hicieran las celebraciones de los días del niño a los hijos de los policías y de las fiestas navideñas. Negó que en sus predios aterrizaran avionetas con matrícula colombiana.
A la pregunta del investigador si la avioneta tiene permiso de operación autorizado por Aeronáutica Civil, él contestó: “por eso es la colaboración que la empresa les da a los oficiales de la Policía”.
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