TEGUCIGALPA, HONDURAS
Las fundaciones involucradas en el caso Pandora no presentaron ni dirección domiciliaria ni números de teléfono ni Registro Tributario Nacional (RTN) y muchos menos establecían su finalidad cuando desde la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) se les otorgó una millonaria suma de dinero proveniente de fondos públicos.
Se trata de las fundaciones Dibattista y Todos Somos Honduras a las que la SAG les depositó en sus cuentas bancarias más de 282 millones de lempiras y que según la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) del Ministerio Público (MP) sirvieron para financiar campañas políticas con fondos estatales.
En los convenios fachada suscritos por la SAG y las fundaciones tampoco se establecía que estas últimas estaban obligadas a presentar documentación para liquidar las transferencias.
La SAG realizó los depósitos en las cuentas bancarias de las fundaciones con la justificación de que iban a ser ejecutados en proyectos de capacitación agrícola para productores, asesoramiento técnico y programas para emprendedores, entre otros.
Informe TSC
Las anteriores irregularidades están plasmadas en el informe número: P-46/2015-DPC-DCSD del Tribunal Superior de Cuentas (TSC) por una auditoría que se realizó en diciembre de 2015.
Con esa acción se comprobó que la transferencia de fondos se realizó a las fundaciones durante el período comprendido entre 2011 a 2013.
En ese entonces, el titular de la institución era Jacobo Regalado, quién es el único que guarda prisión en el denominado caso Pandora.
Inicialmente, a Regalado se le acusó por el delito de lavado de activos, abuso de autoridad, fraude, violación de los deberes de los funcionarios y malversación de caudales públicos. No obstante, la madrugada del sábado pasado la jueza que conoce la causa, Lidia álvarez, le dictó un auto de formal procesamiento y prisión preventiva por los delitos anteriores exceptuando el lavado de activos que quedó desestimado.
Regalado podría pasar hasta 33 años en prisión si lo condenan en juicio oral y público por los cuatro delitos que se le acusan, en caso de que le apliquen la pena máxima.
Investigación
La Ufecic junto con la Misión de Apoyo contra la Impunidad y Corrupción en Honduras (Maccih) tomaron las riendas del caso y lo expusieron en junio donde señalaron que se desviaron un total de 282 millones de la SAG y de la Secretaría de Finanzas (Sefin).
Según la investigación, los fondos se usaron para financiar campañas políticas de diferentes candidatos para las elecciones generales de 2013.
En este caso, la jueza determinó dictar medidas sustitutivas contrarias a la prisión preventiva a 24 implicados, entre ellos actuales diputados.
A los implicados se les cambió el delito de lavado de activos por encubrimiento, por lo que podrán defenderse en libertad y abandonaron sus celdas del Primer y Segundo Batallón de Infantería ese mismo sábado que se emitió la resolución de la audiencia inicial.
Lo anterior se debió a que la resolución del Poder Judicial estableció que los hechos juzgados se realizaron en 2011, 2012 y 2013, período en el que todavía estaba vigente la Ley contra el Delito de Lavado de Activos de 2002.
Por esa razón la jueza natural emitió en su resolución, tras maratónicas jornadas en la audiencia. Ella consideró que no se cometió el delito de lavado de activos porque los fiscales no lograron acreditar ese delito precedente. Además, tres personas quedaron fuera del proceso judicial. A ellos se les dictó un sobreseimiento definitivo porque tampoco se les acreditó delito alguno.
No obstante, por este caso todavía hay nueve personas que están prófugas de la justicia.
Convenios
La auditoría hecha por el TSC señala que la SAG erogó 79.3 millones de lempiras a la Fundación Dibattista al establecer dos convenios.
Mientras que a Todos Somos Honduras se le pagó 157.6 millones de lempiras en concepto de seis convenios que establecieron.
“En virtud que los hechos investigados corresponden al período 2011-2013, no encontramos justificación para que la Unidad de Auditoría Interna, al año 2015, no haya auditado este período y en consecuencia revisara el proceso de las transferencias realizado por la SAG a las fundaciones”, cuestiona el informe del TSC.
También señala que pese a que en la Unidad de Registro y Seguimiento de las Asociaciones Civiles (URSAC) de la institución no había información de las fundaciones, la Sefin les hizo transferencias directas.
“La SAG no realizó ningún tipo de supervisión a la ejecución de los recursos transferidos a las fundaciones”, menciona una conclusión del documento.
En este proceso está incluida Norma Keffy, exgerente financiera de la SAG, por abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios.
A su vez Velkis Hernández, exempleada de la URSAC, acusada por falsificación de documentos públicos. Ellas, al igual que los otros 23 implicados, se defenderán en libertad por la determinación de la jueza.
