TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Hasta más de 1,500 años en prisión podría ser la pena máxima para algunos de los exmiembros del Consejo de la Judicatura, en caso de que sean declarados culpables.
Así lo contempla la resolución emitida por la Corte de Apelaciones en Materia de Corrupción a la cual tuvo acceso EL HERALDO.
En ese documento se establece que por la gravedad de los delitos que se le imputan a los acusados, el órgano jurídico determinó revocarles las medidas sustitutivas y dictarles prisión preventiva.
“Para esta Corte se da la gravedad de la pena que podría imponérsele como resultado de un proceso, la cual podría haber peligro de fuga por parte de los imputados, al tener una sentencia condenatoria, pudiendo sustraerse de la acción de la justicia”, señala un fragmento de la resolución emitida por la Corte de Apelaciones.
Los imputados son acusados por más de 600 delitos de corrupción al desviar fondos del Poder Judicial en su gestión, de octubre de 2013 a febrero de 2016.
Los exconcejales son acusados por los delitos de malversación de caudales públicos, abuso de autoridad y falsificación de documentos privados. Según la investigación del Ministerio Público (MP), ellos desviaron 13.5 millones de lempiras en materia de viáticos que no liquidaron.
Asimismo, se comprobó que no viajaron a muchas de las giras que programaron, pero sí cobraron los viáticos.
Penas
El expresidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y del extinto Consejo de la Judicatura, Jorge Rivera Avilés, por los 60 delitos de malversación de caudales públicos podría enfrentar una pena mínima de 360 años y una máxima de 720 años en prisión.
A su vez, por los 131 delitos de abuso de autoridad la pena mínima sería de 393 años y la máxima de 786 años en la cárcel. Al sumar las condenas por ambos delitos, la pena mínima para Avilés sería de 753 años y la máxima de 1,506 años en la prisión.
Mientras que la pena para el exvicepresidente del extinto órgano, Teodoro Bonilla, por 88 delitos de malversación de caudales públicos, la mínima sería de 528 años y la máxima de 1,056 años.
Asimismo, por los 14 delitos de abuso de autoridad que se le acusan, la pena mínima sería de 42 años y la máxima de 84 años. Lo anterior significa que al unir ambas penas, la mínima sería de 570 años y la máxima de 1,140 años en prisión.
Para Julio Barahona, por 67 delitos de malversación de caudales públicos, la mínima sería de 402 años y la máxima de 804 años. En cuanto a José Quiroz, acusado de 93 delitos de malversación de caudales públicos, las penas oscilan entre 558 y 1,116 años y para Liliam Maldonado, por 67 delitos de malversación, las penas oscilan entre 402 y 804 años. Para Celino Aguilera las penas totales serían entre 469 y seis meses y 477 años en prisión
Lo anterior se debe a que es acusado por 78 delitos de malversación de caudales públicos y tres delitos de falsificación de documentos privados.
El miércoles pasado, tras la audiencia de notificación de cambio de medidas, la exconcejal Maldonado fue enviada a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS). Barahona aún está pendiente de ser notificado porque la jueza le concedió un permiso por la muerte de su padre. Los demás exconcejales fueron enviados al Primer Batallón de Infantería.
