TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Mientras el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) pasaba una de sus peores crisis financieras con un déficit de 700 millones de lempiras, la exjunta directiva aprobó el contrato a favor de la empresa Distribuidora Metropolitana (Dimesa) por 2,270 millones de lempiras.
De esta cantidad, el IHSS pagó 1,239 millones de lempiras hasta que fue rescindido el contrato en 2015.
El contrato fue ratificado por el Congreso Nacional, indicando que sería financiado con fondos propios del IHSS, constituyendo un fideicomiso de garantía en el Banco Central de Honduras (BCH).
De acuerdo al contrato firmado por el entonces director del Seguro Social, Mario Zelaya, y personeros de Dimesa y con el visto bueno de la junta directiva, la institución tendría que haber pagado en los primeros dos años el 33.6%.
En los subsiguientes dos años el 63.6%, en el quinto y sexto años el 88% y en el séptimo el 98.3% del contrato.
La Junta Interventora del IHSS comprobó que solamente el 20% del equipo médico, equivalente a 361.2 millones de lempiras, se encuentra registrado como activo en la institución, según establece un primer informe del ente interventor.
El resto de la compra, es decir el 80%, fue identificado como bienes de tránsito, lo que obstaculizó la determinación correcta de la depreciación.
Además, el contrato incluía 127.6 millones de lempiras por concepto de mantenimiento del equipo médico y laboratorio.
Por esta situación, la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic) requirió a 12 exmiembros de la junta directiva del IHSS por suponerlos responsables de los delitos de fraude, violación de los deberes de los funcionarios y abuso de autoridad.
Los imputados son Carlos Montes Rodríguez, Javier Rodolfo Pastor, Leonardo Villeda Bermúdez, Samuel Benjamín Bográn, Fabricio Valentín Vásquez, Óscar Manuel Galeano, José Hilario Espinoza Herrera y Armando Villatoro.
También Luis Alonzo Mayorga, José Humberto Lara, José Manuel Espinal y Óscar Carranza.
Las investigaciones de la Ufecic indican que el contrato del IHSS y Dimesa nunca debió haberse aprobado porque no se contó con un diseño que permitiera el ingreso del equipo comprado, el IHSS no contaba con disponibilidad presupuestaria para una adquisición de esta naturaleza.
Además, señala que la adquisición se realizó sin respetarse el monto establecido en la Resolución 02-08-09-2010 donde se aprobaron las bases de licitación, estimado como costo del proyecto 50 millones de dólares americanos.
El equipo fue adquirido con una sobrevaloración superior al 114% del precio de mercado.
El contrato establece que fueron más de 500 productos médicos que Dimesa iba a proveer al IHSS y la reparación de otros 850 equipos.
¿Dónde está el equipo?
EL HERALDO buscó información sobre el equipo médico presuntamente guardado en los almacenes del IHSS. En el edificio administrativo, ubicado en el Barrio Abajo, se informó que no se encuentra ninguna máquina porque todas están en funcionamiento.
A su vez, se indagó en el Almacén Central de medicamentos de la institución, pero no se permitió el acceso al equipo periodístico. La encargada de la unidad mandó a decir con el equipo de seguridad que no podía atender porque estaba en una reunión.
Una fuente dijo a EL HERALDO que entre el equipo que el IHSS adquirió a través de Dimesa están: aparatos de rayos X, máquinas de brazo en C, camas de cuidados intensivos, ventiladores mecánicos, monitores cardíacos, electrocardiogramas que, presuntamente, eran de mala calidad y se arruinaron.
La fuente comentó que se pusieron en uso y duraron muy poco, los sobrevaloraron para la calidad, indicó.
Otra fuente dijo a EL HERALDO que la institución también compró equipo para hacer autopsias a cadáveres, pero nunca se utilizó. Desde que se adquirió, el equipo forense está encerrado en una sala que solo pasa con llave.
Entre el equipo comprado figuran dos litotriptor extracorpóreo a un costo de 4.8 millones de dólares, dos laparascopios de avanzada por un valor de 2.3 millones de dólares. Solo en estos insumos médicos se invirtieron más de 170 millones de lempiras.
Asimismo, un equipo de endourología a un costo de 2.8 millones de dólares y dos equipos de otorrinolaringología a un valor de 3.2 millones de dólares.
Además, figuran dos cámaras de flujo laminar a un valor de 489,338 dólares, dos hornos para patología por 460 mil dólares, un destilador de agua a un monto de 147,324 dólares y dos mesas para autopsias a un costo de 362 mil dólares, entre otros.
La Ufecic es de la opinión que el equipo fue sobrevalorado hasta en un 140%.
Reacción
Pero, la empresa Dimesa es del criterio que en “ningún momento existió ningún tipo de perjuicio o daño patrimonial en contra del IHSS o sus derechohabientes”.
Afirmaron que “nuestro contrato fue resultado de una licitación pública internacional, aprobado por todas las instancias legales y gubernamentales correspondientes.
Dimesa cumplió a cabalidad el contrato, entregando y manteniendo el 100% de los equipos biomédicos hasta la fecha de la cancelación unilateral del contrato el 31 de enero del 2015.
Audiencias
El proceso de judicialización del denominado caso “Licitación fraudulenta del Seguro Social” inició este martes.
El miércoles, en horas de la mañana se entregó de forma voluntaria el sindicalista Hilario Espinoza.
Luego de comparecer en la audiencia de declaración de imputado, una jueza le dictó la medida de detención judicial.
La misma suerte habían corrido otros diez miembros de la junta directiva que fueron enviados al Centro Penitenciario Nacional de Támara, excepto Leonardo Villeda, que se le dictó casa por cárcel por problemas de salud.
“No tengo nada que ver, simplemente lo hicimos de buena fe, para ayudar a la problemática que tenía el IHSS, que se que no tenía un equipo en buen estado”, manifestó Espinoza.
Dijo que “estoy presentándome de forma voluntaria para cumplir con mi deber como ciudadano hondureño, con la frente en alto, para cumplir con la justicia; al contrario, las autoridades nos están violentando nuestro derecho porque nosotros hacíamos las cosas de buena fe en aquellos momentos”.
La jueza que conoce la causa programó la audiencia inicial para la 1:00 de la tarde y se prevé que la misma se extienda a altas horas de la noche debido a la cantidad de elementos de pruebas que presentarán los fiscales.
Los escenarios en este proceso es que la jueza puede dictar un auto de formal procesamiento, un sobreseimiento provisional o uno definitivo a favor de los encausados.
