La esposa del exmandatario es acusada de desviar al menos 16 millones de lempiras cuando fungía como primera dama de la nación.
Rosa Elena, quien fue detenida el 28 de febrero de 2018 en su vivienda de la aldea El Chimbo, carretera hacia Santa Lucía, aún permanece recluida en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mientras se le sigue el juicio.
El pasado 22 de febrero, el Ministerio Público amplió la acusación contra la ex primera dama de Honduras por tres delitos de malversación, ocho de fraude a título de autora y un delito de lavado de activos.
Pepe exige justicia para su esposa
'En ningún momento se pueden crear tribunales de excepción, es decir, tribunales que digan 'solo conocemos este delito y no conocemos de otros' todos los tribunales deben ser comunes (...) la decisión de crear tribunales de excepción no está en su competencia, además de eso, el artículo 8 de la Convención Interamericana de los Derechos Humanos dice que nadie puede ser juzgado por un tribunal creado con posterioridad a la ley', dijo Lobo.
'Si esos tribunales fueron creados en el 2016, solo pueden conocer casos que han sucedido después de 2016, no antes', denunció Porfirio Lobo Sosa.
'Rosa Elena se presentó voluntariamente a la Ufecic en compañía de su apoderado legal y no le revelaron prácticamente nada y como ustedes saben a los pocos días la capturan, esposada de manos y engrietada de pies', reclamó el expresidente.
'En el allanamiento a la casa, en el artículo 99 de la Constitución es claro, ningún hogar puede ser allanado entre las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, y en mi casa estuvieron, habiendo un menor ahí, de forma ininterrumpida con la presencia de dos extranjeros de la Maccih, lo cual es una ofensa para cualquier hondureño, hasta el sábado 3 de marzo, o sea que es un allanamiento ilegal'.
De acuerdo con la investigación de la Unidad Fiscal Especial contra la Impunidad de la Corrupción (Ufecic), a los otros dos implicados en el desvío de fondos conocido como 'Caja chica de la dama', Mauricio Mora y Saúl Escobar, se les imputan ocho delitos de fraude para lavar activos, así como el delito de lavado de activos.