TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Unos 400 mil nombres de ciudadanos que fallecieron en los últimos 30 años y cuyos familiares nunca tramitaron las respectivas defunciones siguen apareciendo en el Censo Nacional Electoral, lo que representa uno de los principales retos de la Junta Interventora del Registro Nacional de las Personas (RNP).
Fuentes vinculadas a esta entidad precisaron que los hondureños acuden a registrar el fallecimiento de su pariente solo si este dejó algún patrimonio sobre el cual el interesado se puede declarar heredero o que haya dejado un seguro de vida que reclamar.
Este es, precisamente, uno de los objetivos de reformar la Ley del RNP, en primer lugar, rebajando de seis a tres meses el período para tramitar la defunción y agregándole una multa de tres salarios mínimo al familiar o al funcionario encargado de una institución que no acuda a hacer este tipo de gestión.
El año pasado, el RNP inscribió 29 mil defunciones y en los últimos tres años el promedio por este mismo concepto fue de unos 27 mil, según los libros de Registro.
En 2013, el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) concluyó que ese año el 16.4 por ciento de la población tuvo como mínimo un pariente muerto, pero su familia no registró la defunción.
Un informe de la Misión de Observación de la Organización de Estados Americanos (OEA) correspondiente a las elecciones de 2017 dice que “las inconsistencias en el censo electoral son causadas por personas que no inscriben a los fallecidos”. La Unión Europea, por su parte, pidió una “depuración y actualización profunda” del Censo Electoral..
