La recomendación surge en medio de la pandemia del coronavirus y la intención es que la propuesta de reforma entre en vigencia lo antes posible y no hasta el 10 de mayo, fecha en que cobrará vigor la nueva norma penal.
Son cerca de 1,500 privados de libertad que gozarían de los beneficios de preliberación, libertad condicional o conmuta.
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Las medidas beneficiarían a los privados de libertad con enfermedades crónicas, los mayores de 60 años, y los que tengan condiciones inmunológicas críticas, enfermos en fase terminal y psiquiátricos.
No obstante, la Subcomisión Interinstitucional de Justicia Penal analizará a profundidad cada uno de los casos y verificará si los privados de libertad cumplen con los requisitos.
Los favorecidos serían los condenados que cumplen penas de baja categoría, cuyas penas son menores a los cinco años de prisión, como el hurto, falsificación de sellos, usurpación de funciones, entre otros.
'Allí no entra gente de delitos graves, criminalidad organizada, en principio delitos menores, que las penas sean hasta cinco años máximo', explicó Melvin Duarte, vocero de la Corte Suprema de Justicia.
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Sin embargo, aclaró que si existe un privado de libertad que cumple una condena por delito de alto impacto y que se encuentra en estado crítico de salud o enfrenta una enfermedad terminal, la Comisión analizará el caso para tomar una determinación.
En 2019 más de 3,800 privados de libertad fueron beneficiados con estas medidas y unos 214 entre enero y febrero del presente año lo que ha reducido en parte el número que ya había sido identificado por el Poder Judicial en su auditoría penitenciaria.
La Subcomisión la integran el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, la Secretaría de Seguridad, El Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Defensa Pública y el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev).