TEGUCIGALPA, HONDURAS.-El Ministerio Público (MP) tiene vía libre para emitir un requerimiento fiscal contra Marco Bográn, exdirector de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), por la adquisición irregular de los hospitales móviles durante la pandemia provocada por el covid-19.
La luz verde para requerir a Bográn y judicializar el megafraude en la presunta sobrevaloración de los hospitales fue otorgada ayer por un dividido Tribunal Superior de Cuentas (TSC), a través del primer informe de auditoría con indicios de responsabilidad penal enviado al fiscal general del Estado, Óscar Fernando Chinchilla.
El expediente fue remitido al MP tras publicación de EL HERALDO sobre la lentitud de los procesos de auditoría del Tribunal que vienen dificultando la labor de la Fiscalía General de Estado.
El retraso del informe impedía al Ministerio Público acusar a los responsables de la presunta compra irregular de los hospitales, debido al bozal impuesto por la Ley del Fondo Departamental que da prioridad de investigación al TSC.
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El informe especial Nº 002-2020-CEAI-GAE-INVEST-H-A concluye que “la Dirección Ejecutiva de Invest-H no se sujetó al estamento legal que rige el accionar de esa institución” en la compra de tres hospitales móviles de 91 camas, cuatro hospitales móviles de 51 camas, siete plantas de tratamiento de desechos médicos, equipo de bioseguridad personal y equipo biomédico.
Asimismo, en la construcción y supervisión de los siete planteles donde se instalarían los hospitales adquiridos, la contratación de especialistas y la contratación de transporte interno de los hospitales.
Las millonarias compras auditadas por el TSC ascienden a más de 1,741 millones de lempiras, las cuales no cuentan con un respaldo legal.
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El documento de los auditores señala que “encontrando en el transcurso de nuestra investigación que a nuestro criterio constituyen conductas con indicios de responsabilidad penal, por lo cual se remite el presente informe”.
El equipo de auditores recomendó al fiscal Chinchilla que, en cumplimiento de las normas vigentes en el TSC, se proceda a realizar las acciones correspondientes, según el caso presentado y derivado del hecho de que existen indicios de responsabilidad penal por las compras realizadas por la Dirección Ejecutiva de Invest-H al margen de la autorización del Consejo Directivo de esa institución, quien tiene como una de sus atribuciones ser la máxima autoridad de ese ente.
El informe no indica quiénes son los funcionarios responsables, tampoco señala los delitos identificados y carece de la documentación soporte de las compras.
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División
El envío del informe al MP fue autorizado por el presidente del TSC, José Juan Pineda, a espaldas de los otros dos magistrados, Ricardo Rodríguez y Roy Pineda, quienes dicen desconocer los alcances del mismo.
“Me comprometí a título personal, basado en mis principios éticos y morales que han regido mis actuaciones a lo largo de mi vida personal y profesional, a presentar mi excusa en el momento procesal oportuno si fuese el caso, que es una vez notificados los pliegos de responsabilidad a los posibles involucrados, no intercediendo como se dijo en párrafos anteriores, en el proceso operativo de auditorías”, declaró José Juan Pineda, magistrado presidente del TSC.
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Por su parte, el magistrado Roy Pineda señaló como “inaceptable la actuación del magistrado presidente del TSC al enviar el informe al MP sin antes resolver en el pleno su excusa y recusación del CNA y ASJ en caso Invest-H. Sin olvidar la sinergia entre el TSC y el MP para responder la demanda social”.
La investigación del TSC comprende del 19 de marzo al 4 de mayo de 2020, periodo en que Marco Bográn ostentaba el cargo de director de Invest-H.
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Evidencia
De acuerdo con los auditores, se realizó una exhaustiva verificación de la documentación que ampara las compras realizadas por Invest-H en atención a la emergencia sanitaria decretada por el gobierno.
“Pudimos comprobar que las mismas se sustentaron en la comunicación del interés que la Secretaría de Salud le expresara al abogado Marco Antonio Bográn, director ejecutivo de Invest-H, para la compra, construcción o adecuación de infraestructura médica provisional bajo una serie de parámetros que se describen en el oficio N° 630-SS-2020, del 16 de marzo y firmado por Alba Consuelo Flores, secretaria de Salud, y el Acuerdo de Cooperación Institucional entre Invest-H y la Salud”, señala el informe.
Revela que estas compras que realizó Marco Bográn se ejecutaron “sin existir evidencia de que los procesos hayan contado con la autorización del Consejo Directivo de Invest-H, quien es su máxima autoridad”.
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En el documento se explica que a lo largo de los años la Cuenta del Desafío del Milenio (ahora Invest-H) ha sufrido una serie de reformas, no obstante, las atribuciones del Consejo Directivo no cambiaron, y sigue siendo su máxima autoridad.
Por tanto, todas las ejecuciones de proyectos que realice Invest-H deben contar con la autorización del Consejo Directivo, en razón a la facultad que le confiere la ley.
Este comportamiento inconsulto de parte de Bográn permitió que las compras realizadas por Invest-H, “no cuenten con el respaldo establecido en el marco legal”.
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Actuaciones
Las investigaciones de parte de la Fiscalía Especial de Transparencia y Combate a la Corrupción Pública están avanzadas y no se descarta que en los próximos días se emitan los primeros requerimientos fiscales.
La vocera del MP, Lorena Cálix, declaró que la investigación está bastante avanzada con la objetividad y responsabilidad del caso.
“Ese informe viene en la línea de cumplimiento de la reforma de la Ley del Fondo Departamental y por supuesto viene a respaldar y sustentar lo que ya nosotros tenemos encaminado”, expresó.
Otras fuentes de la Fiscalía consultadas confirmaron a EL HERALDO que “las acusaciones están casi listas y en los próximos días se pueden emitir los primeros requerimientos fiscales”.
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Para diferentes sectores de la sociedad hondureña, la Fiscalía anticorrupción no tiene más excusas y debe presentar ante el Juzgado de Letras Penal en Materia de Corrupción las acusaciones contra los implicados en el desfalco millonario que se hizo a través de la compra de los hospitales móviles.
“No hay excusa. La prohibición es para el MP solo para aquellos proyectos que tengan fondos destinados al mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos en las comunidades así como a la atención de necesidades urgentes”, opinó el abogado penalista Raúl Suazo Barillas.
Por su parte, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) exhortó en sus redes sociales al fiscal Chinchilla “a emitir los requerimientos en contra de los responsables de haber pagado por salas de triaje y no hospitales; remunerar el 100 por ciento sin contrato y entregar más de L 1,100 millones por equipo vencido y en mal estado”.
El representante de la sociedad civil, Lester Ramírez, cuestionó la auditoría y aseguró que se debe empezar una nueva investigación penal, excluyendo a los auditores que lo hicieron porque con lo que se envió al MP no se podrá trabajar.
A criterio del abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, ese informe es gallo gallina y deberá ser complementado con uno más veraz.
Con ese informe, por lo único que podrían ser acusados los involucrados es por abuso de autoridad, que ya desapareció en el nuevo Código Penal, dijo Barrientos.
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