Así lo establece el artículo 330 del dictamen de la nueva Ley Electoral al que tuvo acceso exclusivo EL HERALDO, pese a que todavía está en revisión y puede sufrir cambios de última hora.
“El software del sistema de identificación electrónica de la huella digital que debe adquirir el Consejo Nacional Electoral para la celebración de elecciones primarias y generales de 2021 debe bloquear al ciudadano que ha sido verificado en dicho sistema al momento de ejercer el sufragio a fin de que este no pueda ejercerlo nuevamente”, subraya la disposición.
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Un total de 15 artículos transitorios contiene esta versión del dictamen trabajada hasta el pasado jueves por la comisión especial y que no fue enviado a la Secretaría del Congreso Nacional para darle el trámite legislativo correspondiente.
La utilización por primera vez en la historia democrática de la nación del lector de huellas dactilares para evitar irregularidades denunciadas como la doble votación fue uno de los acuerdos alcanzados la semana pasada por las fuerzas políticas mayoritarias.
El Registro Nacional de las Personas (RNP) proporcionará al órgano electoral el servicio de validación de las huellas dactilares a través de una interoperabilidad, confirmó a EL HERALDO el comisionado presidente de esta institución, Rolando Kattán.
El tiempo transcurre y solo restan ya nueve días para la convocatoria a comicios primarios sin haberse definido reglas claras ni aprobado el conjunto de normas que regirán al CNE para el proceso democrático programado para el 14 de marzo del próximo año.
Los desacuerdos políticos persisten al igual que vienen retrasando desde junio pasado la discusión y admisión de la nueva Ley Electoral por los diputados.
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Protocolo de bioseguridad
Para la celebración de las votaciones de 2021, el ente colegiado en materia electoral debe de definir mediante consenso un protocolo de acción y bioseguridad para evitar contagios de covid-19 en un plazo de 30 días a partir de la vigencia de la normativa, según el artículo 329.Añade que este conjunto de reglas tendrá que resguardar el derecho a la salud, sin sacrificar las garantías civiles y políticas de la ciudadanía, por lo que todos los centros de votación así como a cada persona se le dotará de los materiales e insumos de protección necesarios.
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En relación con el listado definitivo de electores para las primarias del siguiente año (que consiste en el registro de ciudadanos con la capacidad para ejercer el sufragio) se entregará a más tardar el 10 de enero de 2021 en formato electrónico a las organizaciones políticas, de conformidad con el artículo 325 del dictamen.
El artículo 328 contentivo de la vigencia de la tarjeta de identidad estipula en el tercer párrafo que “el ciudadano que no aparezca en el listado definitivo de votación para las elecciones primarias podrá ejercer el sufragio con la tarjeta de identidad siempre que se verifique su huella dactilar, se registre en un listado adicional en la Junta Receptora de Votos (JRV), y su tarjeta de identidad sea retenida por los delegados de la Junta, la cual debe ser devuelta al cierre de la votación”.
Desavenencias
El pago de la deuda política que reciben los institutos políticos después de las votaciones ha generado desavenencias con los partidos minoritarios, ya que en el artículo 321 sobre la forma de calcular el financiamiento público para el proceso electoral 2021 se determinó que el CNE debe tomar el valor de cada voto en el nivel presidencial pagado en los comicios de hace tres años y aplicarlo únicamente a la cantidad total de marcas obtenidas por cada organización.LE PUEDE INTERESAR: Registro Nacional de las Personas alcanzará el millón de personas enroladas
Con lo anterior se le pondría fin al beneficio que tenían los institutos pequeños del 15% de la suma asignada a la fuerza que obtenga el mayor número de votos y con lo que se agenciaron entre ocho y nueve millones de lempiras, tras la pasada justa democrática.
“Tenemos que pagarles a los partidos de acuerdo con los votos que saquen. No vamos a permitir esos regalos que se le daban del 15% solo por participar”, manifestó el presidente de la comisión de dictamen del nuevo marco legal del CNE, Mario Segura.
De 39.20 a 59.20 lempiras pasó la contribución que otorga el Estado a los partidos para el financiamiento del proceso electoral, implicando una diferencia de 20 lempiras, confirmó a EL HERALDO una fuente ligada a la comitiva.
Los miembros de la comisión dictaminadora trabajarán hoy y mañana en un intento de concluir esta normativa de una vez por todas.
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