TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Por causa de utilidad o necesidad pública de los bienes que se consideren requeridos para el desarrollo o expansión de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), el Estado de Honduras puede declarar su expropiación, pero deberá pagar una indemnización.
Así lo dispone el artículo 28 de la Ley Orgánica de las también conocidas como ciudades modelo y por lo que la comunidad Crawfish Rock de Roatán o sitios aledaños podrían expropiarse amparado en esta normativa contentiva en el decreto legislativo 120-2013.
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El abogado constitucionalista, Juan Carlos Barrientos, mencionó a EL HERALDO que las ZEDE están legalmente constituidas en la Carta Magna del país para potenciar el desarrollo económico de áreas que se encuentran postergadas. “El tema de la expropiación por causa de utilidad pública forzosa también existe en la Constitución desde 1982 y es una forma para que el Estado no confisque bienes”, agregó.
Un incidente se registró el viernes pasado en la comunidad de Crawfish Rock en donde se ordenó el desalojo de inversionistas de la plataforma Roatán Próspera cuando pretendían socializar los alcances del proyecto de la ZEDE en ese lugar de Islas de la Bahía.
Reacciones
Las autoridades edilicias de Roatán se han manifestado en contra de la pretensión de expropiar las tierras a los pobladores de ese lugar.
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No obstante, Próspera emitió un comunicado aclarando que esa no es su intención.
“Al final no solo es una riqueza territorial, es un espacio geográfico que prácticamente se le va a vender a estos inversionistas y han venido desde el 2013 que crean esta ley y todo esto viene con ese plan de fomentar la alianza público privada, pero termina siendo un despojo de los territorios de Honduras”, cuestionó el economista del Foro Social de Deuda Externa y Desarrollo de Honduras (Fosdeh), Ismael Zepeda.
EL HERALDO intentó buscar las consideraciones de funcionarios del gobierno, pero no contestaron llamadas ni mensajes.
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