El tribunal continental requirió 'al Estado de Honduras que adopte inmediatamente todas las medidas adecuadas para proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal' de los familiares de Vicky Hernández y los integrantes de la organización Red Lésbica Cattrachas, que ha luchado por justicia en el caso.
Según la CorteIDH, los activistas y los familiares de la víctima han recibido llamadas telefónicas amenazantes y actos de hostigamiento durante su lucha por la justicia.
Los allegados denunciaron que Hernández fue víctima de una ejecución extrajudicial en junio de 2009, cuando Honduras estaba bajo toque de queda por el golpe de Estado que depuso al entonces presidente Manuel Zelaya.
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El contexto de control de las calles por parte de las fuerzas de seguridad y de violencia de las autoridades hondureñas contra las personas trans apuntan a una responsabilidad del Estado en la muerte de Hernández, según la denuncia presentada a la CorteIDH.
El tribunal destacó que, de acuerdo con las denuncias recibidas, 'existe un contexto general de discriminación y violencia contra personas LGBTI en Honduras, y que varios de esos hechos de violencia serían protagonizados por integrantes de la fuerza pública'.
Indicó que 'Honduras cuenta con una las más altas tasas de asesinatos de personas trans en el mundo'.
En una reciente audiencia sobre el caso, el Estado hondureño reconoció que registra altas tasas de muertes violentas por la presencia del crimen organizado, narcotráfico y pandillas.
