LA PAZ, HONDURAS.- Por tres días consecutivos, dueños y conductores de taxis y del transporte interurbano mantenían el jueves pasado tomados varios tramos de la carretera CA-7, como medida de presión para que el gobierno repare los cráteres que imposibilitan su uso.
El silencio gubernamental y la firme posición de los transportistas de conseguir con sus acciones ha provocado pérdidas millonarias en el comercio de mercadería y de productos agrícolas de unos 12 municipios del departamento.
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Hasta la tarde del jueves, los transportistas atravesaron sus unidades a la altura del municipio de Cane, Marcala y el acceso hacia la carretera a La
Esperanza, Intibucá.
Corredor agrícola
Por la CA-7 se transportan más de 150 mil quintales de maíz y frijol y unas 48 toneladas de banano mensuales con rumbo a El Salvador y otras ciudades del país. Además, se movilizan más de 400 mil quintales de café con fines de exportación
y consumo nacional.
Asimismo, se mueven grandes cantidades de mercadería como ropa, zapatos y artículos para el hogar que se comercializan en municipios de La Paz, Cane, San Pedro de Tutule, San José, Santiago de Puringla, Chinacla, Marcala, Cabañas, Santa Elena, Yarula, Opatoro.
Al no haber paso a estos municipios las ventas se han reducido a cero y producto perecedero corre el riesgo de dañarse.
“Estamos decepcionados no solo de este gobierno, sino de los diputados y alcaldes que no nos apoyan en la lucha para que se reconstruya la carretera principal y esto nos está provocando pérdidas económicas, la mercadería no está llegando al puesto y estamos perdiendo”, dijo Adonay Mendoza, comerciante de Marcala. Por su parte, el regidor de Marcala, Marlon Calles, dijo que se han aprobado en el Congreso Nacional 190 millones de lempiras para reparar la carretera y esa inversión no se ha visto.
Ayer, los protestantes se reunieron con una comisión del gobierno, la que propuso hacer un estudio para conocer cuánto costaría reconstruir la carretera y luego buscar el presupuesto.
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