TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Los rumores de que las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) son un estado dentro de otro estado se incrementan cuando aparecen más evidencias que sustentan esta teoría.
De acuerdo con la legislación que le dio vida a las ZEDE, quienes dirijan las polémicas ciudades modelo no solo tendrán la facultad de designar su propio sistema de justicia, sino que podrán conformar su propia policía, fiscalía, hospitales y hasta escuelas.
Estos conceptos y alcances de la Ley Orgánica de las ZEDE son un atentado contra algunos principios de la Constitución de la República, coincidieron juristas que fueron consultados por EL HERALDO.
“Por eso es que se dice que las ZEDE son un estado dentro de otro estado, porque tienen autonomía e independencia”, explicó el abogado constitucionalista René Adán Tomé.
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El artículo 22 de la Ley Orgánica de las ZEDE establece que las ciudades modelo deben establecer sus propios órganos de seguridad interna con competencia exclusiva en la zona, incluyendo su propia policía, órganos de investigación del delito, inteligencia, persecución penal y sistema penitenciario; así como la vinculación con la estrategia de seguridad del país.
El hecho de que las ZEDE tengan su propio sistema de seguridad y judicial, también atenta contra algunas instituciones que tienen rango constitucional, como el Ministerio Público, que legalmente es el ente encargado de la dirección técnica y jurídica de la investigación criminal y forense en el país.
También es el organismo responsable de la presentación de requrimientos y de la defensa y protección de los intereses de la sociedad, independiente funcionalmente de los poderes del Estado.
El decreto de la ZEDE se lleva de encuentro a la Policía Nacional, que es la encargada de velar por la conservación del orden público, prevención, control y combate al delito; proteger la seguridad de las personas y sus bienes.
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En relación a la presencia de militares en las ciudades modelo, una reforma constitucional publicada en 2013, indica que las ZEDE pueden solicitar al presidente de la República, “ordenar a las Fuerzas Armadas de Honduras que se incorporen a las tareas de seguridad y el combate al delito a través de la Policía Militar del Orden Público u otro órgano de la misma institución”.
“El Congreso ha tratado de reformar la Constitución para darle entrada a las ZEDE, pero lo que han hecho es reformar una parte para que en apariencia se vea como si las ZEDE son parte del sistema constitucional, pero rompen el espíritu y por eso es que vamos a interponer un recurso de inconstitucionalidad contra ese sistema”, anunció Tomé.
De acuerdo al artículo 33 de la Ley de las ZEDE, además, estas están autorizadas a establecer su propio sistema de educación, salud, seguridad social y promoción de la ciencia.
Este artículo da vía libre para que las autoridades de las ZEDE construyan centros educativos en todos los niveles y centros hospitalarios.
En el tema de educación, señala que se podrán establecer sus propias políticas educativas y curriculares en todos los niveles.
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Justicia
El sistema judicial de las ZEDE otorga libre albedrío para que los encargados de impartir justicia lo hagan con cualquier sistema o tradición del mundo.
Según su normativa, las ciudades modelo están sujetas a una jurisdicción especial y contarán con tribunales autónomos e independientes con competencias exclusivas en materia penal, infancia y familia.
El lunes anterior, la Corte Suprema de Justicia anunció la creación de la Jurisdicción de las ZEDE, cuya propuesta fue emanada del Comité de Adopción de Mejores Prácticas de las ZEDE (CAMP).
Esta nueva jurisdicción operará bajo la figura del derecho común o anglosajón, que de acuerdo a los expertos en temas constitucionales, el derecho hondureño no maneja ese tipo de conceptos.
“Aquí tenemos otro tipo de concepto, tenemos un derecho derivado del derecho latino, del derecho romano. Esas cosas definitivamente vienen a alterar toda la concepción de la impartición de justicia en Honduras”, advirtió el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos.
“Allí se van a utilizar esquemas anglosajones que no tienen nada que ver con nuestra cultura jurídica”, expresó.
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De su lado, Keneth Madrid, representante de la sociedad civil, señaló que la creación de estos circuitos judiciales violentan las atribuciones del mismo Poder Judicial, porque le corresponde a este poder del Estado el nombramiento de jueces y magistrados. En las ciudades modelo le corresponderá al CAMP designar a los togados.
“Eso es una intromisión clara a esa independencia administrativa y funcional que ya establece el artículo 318 constitucional”, declaró Madrid.
Los fallos y resoluciones en el derecho anglosajón son adoptados con base en conciencia y no basados en derecho, reprochó.
De acuerdo con enciclopedias estadounidenses, el juicio por jurado es una forma de participación ciudadana, un sistema de enjuiciamiento empleado mayormente en Inglaterra y Estados Unidos. Este consiste en someter la culpabilidad y responsabilidad de los procesados al veredicto de un grupo representativo del pueblo, tal y como ha sucedido en el caso de varios narcotraficantes hondureños que han sido condenados en Estados Unidos.
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Respaldo
El miércoles, el presidente Juan Orlando Hernández entregó a los representantes de las ZEDE el acuerdo de la Corte Suprema de Justicia para la creación de tribunales especiales y el decreto legislativo que reforma la Ley del Impuesto sobre Ventas para su aplicación en las referidas zonas.
“Honduras lo que necesita son empleos, y hoy con este instrumento decimos a los inversionistas que aquí está Honduras para poder colocar esas inversiones, esto es una realidad y estamos cosechando el trabajo de hace muchos años”, dijo el titular del Ejecutivo.
Aseguró que aunque exista debate, y es normal, se debe recordar que dos Cortes Supremas y dos congresos nacionales han enviado un mensaje fuerte y claro de que las Zonas de Empleo son constitucionales para generar empleo y atraer inversiones.
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“Lo que Honduras necesita son empleos, y en eso debemos ponernos a trabajar para levantar la economía de Honduras”, insistió Hernández.
El gobernante expuso que el acuerdo de la CSJ que crea los tribunales de justicia especiales y el decreto legislativo que interpreta el Impuesto sobre Ventas en las Zonas de Empleo mandan un mensaje de seguridad jurídica para las empresas y para los empleados que tendrán mejores recursos o ingresos por participar en las referidas zonas.
“A todos los que hablan de inconstitucionalidad, de ilegitimidad y otros asuntos, la Corte Suprema de Justicia ha dicho que todo está dentro de los parámetros constitucionales; ahora pongámonos a trabajar porque lo que necesitamos son empleos”, subrayó.
Actualmente existen tres ZEDE autorizadas en Honduras: Próspera ZEDE, promovida por Honduras Próspera, Inc.; Ciudad Morazán, promovida por Centroamerican Capital & Consulting en Choloma y la ZEDE Orquídea, impulsada por un grupo empresarial agroindustrial exportador de Choluteca.
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