TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Las irregularidades que rodean el contrato con la empresa Del Norte para la digitalización de los archivos del Instituto Nacional Agrario (INA) llevaron a las autoridades a cancelarlo.
Las investigaciones hechas por la Unidad Investigativa de EL HERALDO revelaron que esta empresa no está registrada en la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT) con el número de matrícula proporcionado al INA.
Tampoco se encontraron las instalaciones de sus oficinas que, según el documento, funcionan en la calle principal de la colonia Tres Caminos de Tegucigalpa, en la casa 626.
En ese sentido, Ramón Lara, director del INA, reconoció el martes a EL HERALDO que ellos siempre tuvieron algunas dudas desde el momento que el acuerdo fue sometido al Congreso Nacional por la diputada nacionalista Waleska Zelaya.
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En abril, la congresista llegó a las oficinas del INA a ofrecer la digitalización de todos los archivos de esta dependencia del Estado por medio de la empresa Del Norte, representada por el ciudadano ruso-americano Anton Glotser.
Luego, sin indagar, Lara firmó el contrato de donación para el uso de software para la implementación y desarrollo de la plataforma de administración de la propiedad.
Mediante este contrato, el INA accedía a proporcionar y facilitar a Del Norte toda la información, documentación, accesos y permisos necesarios para la digitalización de todos los documentos, exponiendo la base agraria del país.
Una vez firmado el contrato, según Lara, la diputada Zelaya presentó el decreto al Congreso Nacional sin consultarlo a él y sin pasar por el Poder Ejecutivo como debe ser.
“Estábamos un tanto nerviosos por saber qué es lo que se había aprobado, pero aparentemente se aprobó lo que firmamos, pero siempre estaba la duda”, sostuvo el funcionario.
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Otro aspecto es el registro en la CCIT: “Casi al mismo tiempo que EL HERALDO lo descubrimos y llegamos a la conclusión de que no podíamos confiar en esta empresa porque estaba faltando a la verdad, utilizando otra inscripción de otro comerciante individual para poder acreditarse”.
Lara afirmó a este rotativo que la mañana de ayer estaba trabajando en un oficio para enviarlo por la tarde al Congreso Nacional, al Poder Ejecutivo y a las organizaciones campesinas, informando sobre la cancelación del contrato y que no se sancione y no se publique en el diario oficial La Gaceta.
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Desaparece
Las autoridades del INA indicaron que desde que se firmó el contrato la empresa no volvió a aparecer, ya que los buscaron cuando vieron que se aprobó el decreto y no los hallaron.
Lo único que tienen de la empresa es un correo electrónico, que el martes estaban averiguando si era verdadero, para notificar la cancelación.
EL HERALDO se comunicó vía WhatsApp con la diputada Waleska Zelaya, quien afirmó que el titular del INA sí sabía que ella presentaría el decreto ante el Congreso.
Al mismo tiempo mandó un enlace de una publicación diciendo, “solo mire qué bien hablaban de Honduras en el extranjero”. La publicación expone que Del Norte proporcionará datos digitales y transparentes con títulos claros y prueba de propiedad para todos los agricultores de Honduras.
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Entre tanto, Luis Redondo, diputado del Partido Innovación y Unidad Social Demócrata (Pinu-SD), declaró que él y su equipo investigó el registro de esta empresa, pero solo encontraron una página en internet.
Denunció que el señor Glotser, representante de la empresa Del Norte, tiene vínculos familiares con la congresista Zelaya, lo cual es una violación a la Ley de Contratación del Estado.
La falta de transparencia en todo este proceso generó el malestar de las organizaciones campesinas, empresarios y del Sindicato de Trabajadores del INA (Sitraina), quienes demandaron rescindir el contrato.
Rafael Alegría, dirigente de la Vía Campesina, llamó a las organizaciones del campo a estar alertas y prepararse para movilizaciones nacionales a partir de este fin de semana.
Reflexionó que el INA jamás debió haber hecho un contrato con esta empresa porque la pretensión es colocar toda la información de los títulos de las tierras para ser usadas en las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE) y luego quitárselas a los campesinos.
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