Más de un año y ocho meses tiene el TSC de no remitir un tan solo expediente con indicios de enriquecimiento ilícito a la Fiscalía General de la República para su judicialización.
Esta situación deja al descubierto la parsimonia del ente contralor para investigar esta figura delictiva, y más aún cuando algunos funcionarios públicos se han enriquecido con los fondos aprobados para hacerle frente a la pandemia del covid-19.
A través del oficio TSC-DC-OAIP-18-2021, el ente contralor confirmó a EL HERALDO que “en los años 2020 y 2021 no se remitieron expedientes con indicios de enriquecimiento ilícito al Ministerio Público”.
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El Ministerio Público también reafirmó esta versión y develó que tampoco reciben informes del TSC con indicios de enriquecimiento ilícito desde antes de la pandemia. Y es que entre 2020 y los nueve meses que van del 2021 se ha denunciado a funcionarios del gobierno que han incrementado su patrimonio con recursos estatales, pero sus casos todavía se encuentran en la impunidad.
Aunque este ente contralor mantiene bajo investigación más de 20 expedientes de exfuncionarios implicados en este tipo de ilicitudes, estos no se remiten para su judicialización ante los tribunales competentes.
A inicios de 2019, las autoridades del TSC informaron que habían remitido al menos 16 líneas de investigación con indicios de enriquecimiento ilícito por montos superiores a los 200 millones de lempiras. No obstante, ninguno de estos casos ha sido presentado ante la justicia. Esta determinación corresponde directamente al Ministerio Público.
Los archivos judiciales sobre el delito de enriquecimiento ilícito son pocos, entre los más connotados figura la sentencia del exgerente de Hondutel, Marcelo Chimirri.
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Fracaso del TSC
Para algunos analistas, los datos no son nada alentadores y dejan al descubierto que no existe una verdadera voluntad política para combatir la corrupción e impunidad.“Mucho antes de la pandemia el Tribunal Superior de Cuentas había defraudado a la sociedad hondureña, lo que hace la pandemia es confirmar esta frustración que nos obliga a repensar cómo hacemos para crear una institucionalidad fuerte y comprometida con la lucha contra la corrupción”, declaró el analista Filadelfo Martínez.
“Lo que vimos con la pandemia, con la salida de la Maccih y con las reformas desde el Congreso, es que se profundizó el sistema de corrupción”, condenó. Cuestionó que la integración del TSC se haga desde el Congreso con criterios políticos sectarios, repartiéndose los principales cargos de la institución.
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