TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Gabriel Rubí, exministro de la Comisión Permanente de Contingencias (
Copeco) justificó la construcción sobrevalorada de la sala triaje del hospital cardiopulmonar El Tórax.
“Se debe considerar que la incertidumbre por la llegada del covid-19 al país y el alto nivel de mortalidad obligó a Copeco a intervenir dicho hospital de manera inmediata”, señaló el exfuncionario de Copeco.
A renglón seguido, manifestó que la Ley de Contratación del Estado ya establece las condiciones bajo las cuales se pueden hacer contrataciones directas y, “en vista de la suspensión de garantías constitucionales (toque de queda), las condiciones del mercado no eran normales para este tipo de actividades”.
El actual diputado de Yoro aseveró que la empresa contratista presentó toda su documentación demostrando su solvencia económica para llevar a cabo el proyecto. Pero los auditores del Tribunal Superior de Cuentas no encontraron la documentación de solvencia económica de la empresa contratada.
El informe se desprende de la investigación practicada a las compras y contrataciones realizadas por Copeco para la contratación y ejecución del proyecto denominado, “Construcción de triaje y obras de mejoramiento de salas en el hospital cardiopulmonar El Tórax”.
La investigación revela que el 6 de marzo de 2020, las autoridades de Copeco suscribieron el contrato de construcción del triaje con la empresa JF Construcciones por un monto de 4,252,011.89 lempiras.
“Se debe considerar que la incertidumbre por la llegada del covid-19 al país y el alto nivel de mortalidad obligó a Copeco a intervenir dicho hospital de manera inmediata”, señaló el exfuncionario de Copeco.
A renglón seguido, manifestó que la Ley de Contratación del Estado ya establece las condiciones bajo las cuales se pueden hacer contrataciones directas y, “en vista de la suspensión de garantías constitucionales (toque de queda), las condiciones del mercado no eran normales para este tipo de actividades”.
El actual diputado de Yoro aseveró que la empresa contratista presentó toda su documentación demostrando su solvencia económica para llevar a cabo el proyecto. Pero los auditores del Tribunal Superior de Cuentas no encontraron la documentación de solvencia económica de la empresa contratada.
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Auditoría
Una nueva auditoría realizada por el Tribunal Superior de Cuentas ( TSC) a los fondos manejados por la Comisión Permanente de Contingencias ( Copeco) durante la pandemia deja al descubierto un nuevo acto de corrupción.El informe se desprende de la investigación practicada a las compras y contrataciones realizadas por Copeco para la contratación y ejecución del proyecto denominado, “Construcción de triaje y obras de mejoramiento de salas en el hospital cardiopulmonar El Tórax”.
La investigación revela que el 6 de marzo de 2020, las autoridades de Copeco suscribieron el contrato de construcción del triaje con la empresa JF Construcciones por un monto de 4,252,011.89 lempiras.
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Los principales implicados en este caso son el extitular de Copeco y actual diputado nacionalista por Yoro, Gabriel Rubí, y el exdirector administrativo y financiero de Copeco, Cristian Elías Santeli Chavarría.
El expediente fue remitido al Ministerio Público para su judicialización al detectarse indicios de responsabilidad penal en el caso.
El contrato contemplaba la construcción del triaje, la remodelación de Sala de Observación n.º 1 y n.º 2 y otras obras adicionales.
La contratación se hizo de forma directa entre los representantes de Copeco y la empresa JF Construcciones, impidiéndole al Estado de Honduras hacer cotizaciones, comparaciones de precios y otras condiciones técnicas y de calidad.
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Esta inobservancia de las autoridades de Copeco provocó una sobrevaloración de 653,697 lempiras en la construcción de la sala de triaje de El Tórax, cuya edificación no fue solicitada por la Secretaría de Salud y tampoco hubo una posterior aprobación de parte de la Presidencia de la República.
“Era deber y responsabilidad exclusiva de Copeco cotizar los precios de las obras a ejecutar y escoger la oferta más conveniente a los intereses de la administración pública, lo cual no se realizó por los incumplimientos del contratante”, establece la auditoría.
Los auditores determinaron que este proyecto tampoco cumplió con los requisitos legales, técnicos, financieros y administrativos previos y posteriores a la realización del proceso de contratación y ejecución.
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