Ella presenta el reclamo como representante legal de Douglas Alexis Alvarenga Mendoza, propietario de la embarcación Sea Dream 1, y de Kiara Stephanie Trejo Guifarro, responsable de la operatividad del pesquero Del Caribe 1.
“Las acciones ejecutadas por la Armada colombiana violan todo principio contra el derecho a la vida, ya que dispararon, sin importarles que podían, como producto de su acción, tener como resultado la pérdida de muchas vidas humanas”, expuso.
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Lamenta que se hayan utilizado disparos de armas de fuego contra rezones, baldes, varillas y remos.
Las acciones de las autoridades suramericanas violentan los principios del derecho internacional, así como los principios del derecho marítimo y convenios internacionales en materia marítima, justifica la defensora.
Manifiesta que debido al informe enviado por las autoridades colombianas actualmente las embarcaciones están sancionadas por la Dirección General de la Marina Mercante, lo cual pone en peligro la fuente de ingresos de familias de la zona remota de La Mosquitia.
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“Al no existir dichas fuentes de trabajo, dejan de existir los empleos directos e indirectos, para una de las zonas más afectadas de nuestro país”, dice el documento.
Vía telefónica, EL HERALDO intentó comunicarse con la representación diplomática de Colombia en Tegucigalpa, pero resultó imposible.
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