Estas acciones legales tendrán su base en la publicación el fin de semana, en el diario oficial La Gaceta, de varios decretos procedentes de la directiva que preside Luis Redondo entre los cuales está uno relacionado con amnistía para los presos políticos que algunos sectores han calificado como otro “decreto de la impunidad”.
El abogado constitucionalista Oliver Erazo destacó que estos decretos son nulos porque proceden de una junta directiva que legalmente no ha sido bien constituida.
“Tenemos un remedio constitucional para sanar esos errores y es la acción o recurso de inconstitucionalidad, me imagino que esta semana estaremos viendo desfilar ante la Sala de lo Constitucional acciones de inconstitucionalidad”, anticipó Erazo.
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“En ese proceso de formación de la ley han forzado la legalidad”, añadió. Por su parte, el representante de la Asociación para una Sociedad Más Justa, Kennet Madrid, dijo que dichas resoluciones legislativas- aunque estén publicadas en La Gaceta- “tienen vicios” y “al final tendrán que ejercerse los recursos necesarios”.
Si un juez al que se le está pidiendo que libere a un preso político antes de decidir puede pedir una opinión a la Sala de lo Constitucional y eso más bien dilatará el proceso, advirtió.
Lo ocurrido el fin de semana con la divulgación de estos decretos también tiene preocupados a los empresarios. “Todo lo que están haciendo es ocasionar perjuicios al Estado”, dijo Gustavo Solórzano, gerente asesor del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).
El vicepresidente del Congreso Rasel Tomé lamentó que los sectores y abogados que hoy cuestionan lo que está pasando guardaron silencio en el golpe de Estado de 2009.
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