Las copiosas ganancias que se obtienen en el negocio del tráfico de drogas han hecho del narcotráfico una de las industrias más florecientes del mundo.
Aumentan las extensiones dedicadas al cultivo de la coca, como ha ocurrido en Bolivia, Colombia y Perú, y el tráfico entre los países productores y consumidores continúa al alza; los narcotraficantes cambian constantemente los medios para el transporte de la mercancía y blanquean sus capitales en los paraísos fiscales.
Si un kilo de coca cuesta en un puerto colombiano entre 1,000 y 2,000 dólares, colocado en Nueva Zelanda puede llegar a costar unos 300,000, mientras que en los Estados Unidos y en muchos países de Europa pasa de los 100,000. Es un negocio redondo para los grandes carteles de la droga.
Estas organizaciones criminales se acaban convirtiendo en verdaderos emporios económicos con poder político y constituyen una amenaza para los Estados donde operan. Blanquean dinero, fundan empresas como tapaderas para ocultar sus ingentes capitales y participan de toda suerte de negocios ilícitos.
Tanto en México, como en Colombia y Perú, se han creado zonas de conflicto entre los cuerpos de seguridad que persiguen el tráfico de drogas y los carteles, reinando la impunidad, el terror y el crimen organizado en estas áreas en disputa donde las autoridades legítimas ven erosionado su poder en detrimento de estos grupos.
Productor de coca
Los estados pierden su autoridad e incluso tienen una capacidad económica menor que muchos de esos carteles, tal como ocurre en México.
Paradigmático es el caso de Colombia, donde la organización terrorista Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se ha acabado convirtiendo en un importante cartel de la droga -quizá el más importante de toda América Latina- vinculado al régimen venezolano y con sus tentáculos extendidos por todo el país e incluso en el exterior.
Ahora hay serias dudas de que con la firma del proceso de paz esta organización se reconvierta en una entidad política respetable y abandone la actividad ilícita. Según datos fiables de algunas organizaciones que operan en zonas de conflicto, una buena parte de este grupo terrorista sigue dedicado a este negocio ilícito y el tráfico ha continuado sin interrupción.
No olvidemos que Colombia posee el mayor número de hectáreas de coca, que podrían estar entre las 100,000 y las 200,000, y los cultivos no han dejado de crecer, quizá por la miseria imperante en el agro colombiano y por la falta de expectativas y alternativas al cultivo de la coca para los agricultores.
Otras fuentes, como las Naciones Unidas, han llegado hablar de que podría haber hasta 240,000 hectáreas cultivadas. “Venezuela, abiertamente, es un narcoestado”, asegura rotundo óscar Arias, expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz.
Venezuela, como señala Arias, lleva en el punto de mira de la DEA -agencia norteamericana para la persecución del tráfico de drogas- hace años y hay suficientes elementos para creer que una buena parte de la coca consumida en los Estados Unidos procede de este país, que la exporta a través de terceros países hacia el “imperio”.
Hace unos meses fueron detenidos en Haití por la DEA dos sobrinos del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, quienes pretendían transportar ochocientos kilos de cocaína a los Estados Unidos.
Fueron detenidos in fraganti, entregados a la justicia norteamericana, procesados y están a la espera de recibir condena en ese país. Ambos detenidos, Efraín Campos Flores y Franqui Francisco Flores, están relacionados con las altas esferas del poder venezolano y hay indicios (judiciales) para conectarlos con el poderoso Cartel de los Soles, un auténtico entramado político-delictivo que tiende sus tentáculos hacia las Fuerzas Armadas venezolanas, las FARC y el ejecutivo de Caracas.
Diosdado Cabello podría ser su máximo capo y el asunto no es baladí: se trata, de facto, del número dos de la narcodictadura.
Solamente con nuevas políticas con respecto al consumo de drogas -incluyendo aquí abrir el debate sobre la legalización de algunas sustancias tóxicas- se podrá enfrentar un problema que ha revelado que la represión policial, tras más de medio siglo de fracasos, no parece el camino más adecuado para derrotar a esta lacra. Hay que combinar la acción policial con otras formas de lucha.
Las transnacionales
A este respecto, un reciente informe de la Organización de Estados Americanos (OEA) señalaba que “se deben destacar la revisión de la severidad de las sentencias y tipificación de delitos para algunos perfiles específicos de personas infractoras vinculadas con el mundo de las drogas.
La búsqueda de alternativas al encarcelamiento para infractores dependientes de drogas, así como para personas que cometen delitos menores y que constituyen los eslabones más débiles en las cadenas del tráfico.
La aplicación de un enfoque de salud pública para la población infractora dependiente de drogas dentro del sistema penitenciario; y un enfoque de integración socio- laboral para personas en conflicto con la ley por problemas de drogas, tanto dentro de una modalidad de alternativas al encarcelamiento, como también dentro del sistema penitenciario”.
En definitiva, el informe llamaba a un nuevo enfoque que alternará medidas de seguridad pública, jurídicas en el tratamiento de los consumidores de sustancias y otras relativas a la salud de los mismos.
Solamente la represión policial, como se hace, por ejemplo, en los Estados Unidos, no parece el camino adecuado, sino que se deben conjugar nuevas formas de tratar este flagelo, como ya se ha dicho previamente.
¿Y por qué el narcotráfico constituye una amenaza global?
Como señalaba el informe ya citado de la OEA, realizado a un pedido de una conferencia de presidentes de las Américas reunida en Cartagena de Indias, “tal actividad (el narcotráfico) ha propiciado el surgimiento o fortalecimiento de gigantescas redes criminales transnacionales, que han terminado por expandir sus acciones a otras áreas delictivas a un grado que lleva a pensar que ni siquiera la desaparición de esa economía ilegal podría poner ya fin a su accionar criminal”.
