La liberación metódica y silenciosa de un peligroso pandillero de la cárcel de “máxima seguridad” de El Pozo en Santa Bárbara deja una tormenta de dudas en los aparatos de justicia y seguridad del Estado y, a la vez, una rotunda claridad del poder que ejercen estos antisociales por cualquier ruta sobre los actores de la ley.
Mañas
En los cambios penales surge irónicamente la Procuraduría General de la República (PGR) como “defensor del Estado” decidiendo el indulto de reos. Así, consintió, en primer ruego, el perdón de Cristian Ariel Cálix, alias “Little Sam”, supuesto miembro de la Mara 18, señalado como uno de los responsables de matar al periodista Igor Padilla.
El arresto de más de 15 mareros dejó palpable por enésima vez las tretas en los estatutos y el vil enredo en papeleos judiciales con el mundo ruin.
“Little Sam” fue arrestado el 21 de diciembre de 2015 por uso ilegal de armas y posesión de drogas. La PGR accedió, en julio de 2016, a un “arreglo” por goce de tóxicos y aceptó como “reparación del daño” una fianza de 20 mil lempiras. ¡Lotería!
El 17 de noviembre de 2016 fue llevado a audiencia por portación ilícita de armas y al día siguiente lo penaron a dos años tres meses de cárcel, pero una semana después, lo premiaron con suspensión condicional de la ejecución de la pena (con aval de la PGR) en pacto con la Fiscalía (¿cuál apelación?) y la firma del juez con rostro, pero sin rastro que fiaron soltarlo.
Enemiga
Estos “bañes” en el Código Penal parecen socorrer a unos y aplicarse a otros con extremo rigor. La PGR procuró, a interés de la defensa, que “Little Sam” podía pagar una caución y juntos, jueces y fiscales, eximirlo por llevar ilegalmente un arma para matar a diestra y siniestra. Lo vieron, según su cálculo, como a un “angelito” defensor de inocentes.
Desde el momento que un pandillero o cualquier persona están armadas de forma irregular, en nada bueno andan. Nadie tiene un historial limpio si actúa al margen de la ley. Aun así, la PGR otorgó el “beneficio de la duda” al mozalbete y abrió la brecha para obtener su liberación. Nadie tosió, solo obedecieron.
Como si fuera una “small quantity”, el abogado depositó los veinte mil lempiras de fianza y la cárcel de “extrema seguridad” dobló los barrotes al acusado. De esta dudosa forma, las leyes allanan el camino para que las manos de la justicia ayuden a fortalecer los tentáculos del crimen organizado y la de aquellos que roban o matan con “cuello blanco”.
Si los operadores de “equidad” se valen de vacíos o de válvulas de escape fríamente escritas en butacas para premiar a todo malhechor, no cabe duda que estamos frente a un andamio de justicieros que son más temibles que los bandidos callejeros. El presidente Juan Orlando Hernández Alvarado quedó pasmado con el fallo de sus cercanos.
A nuestro juicio es absurdo que la PGR como “valedor” del Estado medie, por el colorete de la ley, por un maleante de calle o de traje.
Si el Código Penal está flojo es porque los de arriba simpatizan con el bajo mundo. El fiscal Óscar Chinchilla, por cierto muy sensible a la crítica sana al igual que Rolando Argueta, presidente del Poder Judicial, conoce del pus en jueces y fiscales.
AK-47
Solo falta que tras liberar a peligrosos bandidos los indemnicen y, de paso, “disfruten” sus tiroteos en barrios y colonias donde asesinan en hilada a personas buenas gracias a sus “gallardas” decisiones. Exhiben a temibles maleantes cuando los llevan a El Pozo, pero curiosamente al librarlos, actúan igual que ellos, a lo bandido, ni bulla hacen.
Quién iba a creer que “Little Sam” estaba fuera de la prisión con su revólver de “juguete”. Veinte mi lempiras a cambio de seguir matando. ¿Cuántos crímenes más habría cometido antes de implicársele en la muerte de Igor Padilla?
Es momento para que los legisladores entonen, sin más pajas, las penas para no seguir soportando tanto hedor de todos ni alegatos de un lado ni de otro procurando lavarse las manos si también las tienen manchadas de sangre inocente que corre por las calles por temor o complicidad con las AK-47.
