CORTÉS, HONDURAS.- A tempranas horas de este miércoles, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) y la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) comenzaron a ejecutar la
Operación 'Fortuna II', en las ciudades de San Pedro Sula, Cortés y Santa Rosa de Copán, en Copán.
La operación tiene el fin de realizar aseguramientos e inspecciones contra presuntos socios activos del clan de los Rivera Maradiaga, también conocidos como 'Los Cachiros', cuyos líderes han sido enjuiciados en Estados Unidos acusados de tráfico de droga hacia el país norteamericano.
Es por ello que la Fiscalía de San Pedro Sula y la DLCN han determinado, a través de análisis financieros, que las adquisiciones, transferencias y transacciones carecen de origen lícito y estarían 'vinculada a personas condenadas en el extranjero por delitos de tráfico de drogas'.
La operación tiene el fin de realizar aseguramientos e inspecciones contra presuntos socios activos del clan de los Rivera Maradiaga, también conocidos como 'Los Cachiros', cuyos líderes han sido enjuiciados en Estados Unidos acusados de tráfico de droga hacia el país norteamericano.
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El Ministerio Público (MP), informó a través de un comunicado que 'dentro de la Operación se inscribirán medidas precautorias o de aseguramiento sobre 12 bienes inmuebles, 16 sociedades mercantiles, 26 vehículos y 55 productos financieros', los cuales serán puestos a las órdenes de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI).
El documento también indica que se prevé la captura de ocho personas sospechosas del delito de lavado de activos agravado.
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Antecendentes
Según el MP, la Operación 'Fortuna II' es el resultado de las investigaciones que datan desde 2017, en torno a la denuncia recibida contra un grupo organizado que realizó actos de lavado de activos y que está ligado a la organización liderada por los hermanos Rivera Maradiaga, caso por el que se condenó a Jessica María Paz Castellanos, Juan Carlos Villanueva y otras personas.Es por ello que la Fiscalía de San Pedro Sula y la DLCN han determinado, a través de análisis financieros, que las adquisiciones, transferencias y transacciones carecen de origen lícito y estarían 'vinculada a personas condenadas en el extranjero por delitos de tráfico de drogas'.
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