Se trata de las fincas La Pavana, Chapagua y Las Palmeras, ubicadas en el departamento de Colón, cuyos titulares eran los narcotraficantes Devis Leonel Rivera Maradiaga y Javier Rivera Maradiaga, quienes guardan prisión en Estados Unidos.
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El titular de la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco), Luis Javier Santos, condenó el acuerdo de la Secretaría de la Presidencia porque estos inmuebles solamente se pueden vender mediante una subasta pública, siguiendo los parámetros legales de la Ley de la Oficina Administradora de Bienes Incautados.
“¿Por qué se está autorizando la venta anticipada de forma directa de bienes inmuebles ubicados en Trujillo, asegurados y administrados por la OABI, si la ley en su artículo 76 establece que deben venderse en pública subasta?”.
En 2017, tras un extenso juicio en el Juzgado de Privación de Bienes de Origen Ilícito, más de un centenar de bienes asegurados al cartel de “Los Cachiros” pasaron definitivamente a ser propiedad del Estado.
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