TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El Ministerio Público dio paso este miércoles a su primera operación contra la delincuencia y el narcotráfico de 2022 en Honduras denominada 'Némesis'.
Las acciones lideradas en coordinación con la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN), la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), entre otras unidades, comenzaron desde muy primeras horas de la mañana.
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Uno de los casos a investigar es el supuesto desvío de más de siete millones de lempiras que servirían como indemización a los familiares de privados de libertad que fallecieron durante un incendio registrado en el centro penal de San Pedro Sula en el 2004.
Investigación de EL HERALDO
La Unidad de Investigación de EL HERALDO Plus identificó que hasta diciembre de 2019 el Estado hondureño, a través del Instituto Nacional Penitenciario, solo había pagado a los parientes de los presos un total de 17 millones 711 mil 565 lempiras, quedando un saldo pendiente por cancelar de 16 millones 238 mil 434 lempiras, según información en poder de este medio.
Según una fuente al interior del INP, a principios de agosto de 2021 las autoridades del Instituto Penitenciario detectaron un desfalco superior a los 13 millones de lempiras de la cuenta donde estaban los fondos destinados para cubrir las indemnizaciones ordenadas por la Corte Interamericana, luego que el BCH les devolviera una serie de cheques con anomalías.
En primer lugar, la Corte Interamericana había aprobado la constitución de un fideicomiso para el pago de las indemnizaciones, pero el 31 de marzo de 2017 el Estado y los representantes de las víctimas llegaron un nuevo “acuerdo conjunto de pago indemnizatorio” y solicitaron su homologación a la Corte.
La instancia judicial estuvo de acuerdo y aceptó que el Estado hondureño realizara la indemnización mediante “pagos directos por emisión de cheques nominales. La emisión y el cargo de dichos montos serán por cuenta del Instituto Nacional Penitenciario (INP), cuyo presupuesto en lo relativo al caso Pacheco Teruel y otros se encuentra en el Banco Central de Honduras”.
“La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado de Honduras por el incendio del penal sampedrano ocurrido el 17 de mayo de 2004 donde perdieron la vida 107 privados de libertad y por lo cual se obligó al Estado a pagar trescientos diecisiete mil lempiras a cada familiar”, señala el expediente investigativo.
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“Sin embargo, la interventora investigada mediante una carta poder cobró esos 49 cheques ante el Banco Central de Honduras (BCH) por ese millonario monto”, agregan las autoridades.
Al respecto, se ha efectuado el decomiso de una serie de documentos en el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Otras acciones
Las operaciones también incluyen el desmantelamiento de organizaciones criminales dedicadas a la venta y distribución de drogas en el país, un trabajo que se realiza en conjunto con la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP).
Asimismo, delitos de violación a los deberes de los funcionarios, trata de personas, violencia de género, explotación de recursos naturales, entre otras acciones.
