TEGUCIGALPA, HONDURAS.- El privado de libertad José Luis Orellana, quien recientemente ultimó en el módulo de máxima seguridad de Támara a Ricky Alexander Zelaya Camacho, alias “Boxer Huber”, es el mismo gatillero que el 26 de octubre del año pasado acribilló en la cárcel de El Pozo, en Ilama, Santa Bárbara, a Nery Orlando López Sanabria, más conocido como Magdaleno Meza.
En la ejecución de este par de presos no solo hay al menos cuatro coincidencias, sino que también hasta las mismas preguntas carecen de respuesta por parte de las autoridades penitenciarias.
Los dos hechos ocurrieron en prisiones que supuestamente son de alta seguridad, en ambos casos hay militares involucrados, uno de los sicarios participó en los dos sucesos, e igual, se utilizaron pistolas automáticas.
Un video sobre el asesinato de Madgaleno —que se difundió minutos después del hecho— muestra como un militar encapuchado abre la puerta para que cinco atacantes ingresen al lugar donde se encontraba el objetivo. Las autoridades posteriormente identificaron que fue Orellana el recluso que entró con la pistola y la descargó sobre la humanidad de Magdaleno.
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El 7 de diciembre de 2019, Orellana fue trasladado al módulo de máxima seguridad de Támara, donde el 29 del mes pasado, junto con otro preso, utilizando pistolas automáticas, liquidó a Zelaya Camacho, considerado un peligroso líder de una organización criminal.
EL HERALDO, a través de la Oficina de Relaciones Públicas del Instituto Nacional Penitenciario (INP), trató de comunicarse con el coronel Rony Javier Portillo, director de esa entidad, para conocer su versión sobre cómo llegaron las armas de fuego a manos de los prisioneros, acerca del involucramiento de elementos militares en el suceso y sobre qué se oculta con estos crímenes, sin embargo, el oficial no respondió.
Al final, Relaciones Públicas repitió “que todo estaba en proceso de investigación”.
El asesinato del “Boxer Huber” se produjo tres días después de que Portillo fuera juramentado y asumiera el cargo como nuevo director del INP en sustitución del también coronel José González Maradiaga.
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Ejecución
En los informes del suceso, uno enviado el 29 de junio de este año al teniente coronel Jaime Orlando Espinoza López, director del Centro Penitenciario Nacional de Támara, y el segundo dirigido al director del INP, bajo el oficio INP-D-CPNT-489-2020, de fecha 29 de junio, se describe cómo sucedieron los hechos.
En los dos documentos se informa que ese día a las 11:00 de la mañana, dos policías militares (de quienes EL HERALDO omite sus nombres) sacaron de las celdas, encadenados únicamente de los pies, a los privados de libertad José Luis Orellana Canales y Julio Solimar Valladares Solimán para realizar el aseo del módulo del ala Alfa (MS-13).
Ese mismo día a las 11:10 de la mañana, los miembros del ala Bravo (Pandilla 18) pidieron de manera verbal al oficial en servicio, jefe primero (de quien también se omite su nombre), que se les autorizara salir a la barbería que está en el interior del módulo para cortarse el pelo, accediendo a la petición.
En los reportes se menciona que los dos policías militares que minutos antes habían sacado a Orellana y a Valladares a realizar el aseo fueron los mismos que “procedieron a sacar de su celda al privado de libertad Ricky Alexander (Zelaya) Camacho, llevándolo a la peluquería, en un horario que no estaba programado”.
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A las 11:20 de la mañana, los privados de libertad Orellana y Valladares le pidieron al llavero, uno de los dos policías militares antes mencionados, que les pasara el basurero que se encontraba en el pasillo para ingresarlo al ala Alfa (MS-13), a lo que el policía militar accedió y cuando abrió el portón para pasarles el recipiente los internos lo empujaron y salieron del ala Alfa con dirección a la barbería donde Camacho se estaba cortando el cabello.
“De manera inmediata sacaron las armas de fuego 9mm (pistolas automáticas nueve milímetros) con serie ACZR057 y DBA531US, ambas de marca Glock Inc. SMYRNA GA y dispararon en reiteradas ocasiones en contra de la humanidad del privado de libertad Zelaya Camacho”, se describe.
En ninguno de los informes se explica cómo los policías militares no se enteraron de que Orellana y Valladares estaban armados ni cómo ellos sabían con precisión que su objetivo estaba cortándose el pelo en ese momento.
Los documentos únicamente establecen que una vez ocurrido el acto criminal los policías militares que se encontraban en servicio interno sometieron a los hechores, confiscándoles las armas.
Incongruencias
A pesar del acribillamiento, la conclusión escrita en el informe que el mayor de infantería Henry Alberto Navarro, encargado del módulo de máxima seguridad, le remitió a Espinoza López dice que con el sometimiento de los hechores y la puesta a la orden de la justicia “se ha concluido que este módulo de máxima seguridad ha cumplido con lo establecido con las normas que rigen el sistema penitenciario nacional, así como los convenios internacionales, garantizando la integridad y la seguridad física de los privados de libertad”.
Pero en el informe que Espinoza López remitió al director del INP se establece en la conclusión “que este módulo de máxima seguridad ha fallado en las normas que rigen el sistema penitenciario nacional, así como convenios internacionales, garantizando la seguridad e integridad física de los privados de libertad”.
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Asimismo, en los dos documentos se recomienda “que se proceda conforme a ley con los privados que incurrieron con el ilícito de asesinato”, pero en ninguno de ellos se sugiere que se investigue a los policías militares y a las autoridades del módulo carcelario para descartar alguna complicidad, ya que —igual como ocurrió con Magdaleno Meza— nadie da razón de quién introdujo las armas y por qué las víctimas estaban en puntos estratégicos.
Copias de tales informes fueron remitidas al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) y al Comité Nacional de Prevención contra la Tortura (Conaprev) y también se anexaron a la denuncia que el INP interpuso en el 30 de junio ante Ministerio Público.
“Dicen que son cárceles de máxima seguridad, pero ahí nadie está seguro. Lo que está fallando es el control. Nosotros como Asociación y como Mesa Penitenciaria hemos venido pidiendo que nos den una explicación de cómo están ingresando las armas a los centros penales, pero nadie responde”, lamentó Delma Ordóñez, representante de los privados de libertad a nivel nacional.
