Sucesos

Capturan a policías y conductor de diplomático acusados de secuestro en la capital

Uno de los detenidos había sido aprehendido en julio, como sospechoso de participar en la masacre donde asesinaron al hijo del expresidente Porfirio Lobo Sosa
01.10.2022

TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Cuatro presuntos secuestradores fueron capturados la tarde del viernes en diferentes puntos del Distrito Central; tres de ellos pertenecían a la Policía Nacional y el otro era conductor de un representante diplomático.

Los sujetos detenidos responden a los nombres de Daniel Esaú Torres Mendoza (agente policial), Orlin Antonio Ortez Fúnez (subinspector de policía), Janssen Francisco Velásquez Cabrera (policía depurado) y Marvin Daniel Salinas Ramírez (conductor asignado a diplomático de una embajada).

Cabe recordar que Janssen Francisco Velásquez Cabrera fue detenido en el marco de los operativos realizados en julio de este mismo año por el asesinato múltiple en el que murió el hijo del expresidente hondureño Porfirio Lobo Sosa, Said Lobo, hecho ocurrido afuera de una discoteca del bulevar Morazán en la capital.

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Sin embargo, una vez iniciado el proceso en su contra se le desvinculó de la masacre y el juez designado en el caso decidió dictarle auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas por el delito de porte ilegal de arma de uso comercial, mientras que, por el delito de porte ilegal de arma de uso prohibido, el ciudadano recibió la medida de sobreseimiento provisional, informó en ese momento la portavoz de los Juzgados, Bárbara Castillo.

Por otro lado, el policía preventivo, Daniel Esaú Torres Mendoza, fue condenado en octubre del año pasado por el delito de vejámenes en perjuicio de la administración pública y un ciudadano.

Según las investigaciones, Torres Mendoza agredió física y verbalmente a un joven que participaba en una protesta el 01 de mayo de 2017 y a un defensor de derechos humanos que intentó protegerlo.

Ese día, en el marco del Día del Trabajador se realizó una protesta en el bulevar Fuerzas Armadas, pero según la denuncia, al llegar a inmediaciones de la colonia Las Brisas, el policía sorprendió por la espalda al estudiante Eduardo Enrique Urbina Ayala, le apuntó con su arma y lo llevó detenido hasta las celdas de la posta policial.

Eduardo Urbina Ayala, joven detenido durante la protesta del 1 de mayo. Luego, en otra manifestación el 15 de diciembre de 2017 fue acusado de incendiar un camión militar y por esa razón estuvo exiliado en Costa Rica desde entonces, hasta que este año se le permitió regresar al país absuelto con la Ley de Amnistía Política aprobada en la actual administración.

Posteriormente llegó a la posta el defensor de derechos humanos, Pedro Joaquín Amador (hoy asistente de la Presidencia en asuntos de presos políticos y sociales), quien solicitó saber el motivo de la detención de joven, a lo que el policía respondió violentamente y amenazó con también detenerlo.

El agente cumplió su advertencia y Pedro Amador fue esposado y detenido, recibió golpes en su rostro, brazos y tórax por parte del agente policial Torres Mendoza. Posteriormente se le remitió a la Unidad Metropolitana N°1, donde fue liberado al día siguiente.

Pedro Joaquín Amador, defensor de derechos humanos agredido.

Ahora, a los individuos capturados se les presume responsables de los delitos de secuestro agravado y allanamiento de domicilio, pues de acuerdo a las indagaciones, los cuatros encausados serían parte de una peligrosa banda criminal que operaba en Tegucigalpa y Comayagüela, siendo arrestados en la colonia Las Ayestas, barrio Las Crucitas y en instalaciones policiales.

PRUEBAS

Como hecho probado en esta causa, se establece que en junio pasado los imputados irrumpieron y registraron la casa de un comerciante aduciendo que realizaban acciones propias de la labor policial, a quien se llevaron supuestamente en calidad de detenido a bordo de un vehículo marca Toyota, modelo Hilux, color gris oscuro.

Pero todo esto resultó ser una simulación y una vez que tenían a la víctima en su poder, la anduvieron circulando por la capital por varias horas y le pidieron cien mil lempiras a cambio de su liberación, acordando al final la suma de 70 mil lempiras como pago, que les fue entregado por un tercero.

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Luego, cuando las autoridades conocieron del hecho se procedieron a indagar sobre el caso y al obtener la prueba de cargo, por ejemplo, videos donde se observa dinámica del secuestro y los vaciados telefónicos, el Ministerio Público interpuso la acción penal correspondiente.

Las detenciones fueron realizadas por la Sección Antisecuestros y Operaciones Especiales de la Fiscalía Contra el Crimen Organizado (FESCCO), en coordinación con la Unidad Nacional Antisecuestro (UNI) de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI)