Después de la públicación sobre el caso de una familia hondureña de payasos, cuyos padres enfrentan un proceso judicial y los niños fueron enviados a Dinaf, el Ministerio Público giró la siguiente aclaración que reproducimos de forma íntegra:
Reciba de nuestra parte un atento saludo, la oportunidad es además propicia para solicitarle sus buenos oficios a fin que su medio publique en espacios similares la aclaración que hacemos en realción* a la nota periodística que se titula “Lejos de ayudar, mandan a prisión y a la DINAF a familia de payasitos”, misma que aparece en el espacio del diario de forma digital e impresa en la página 67 del rotativo, lo anterior ante petición formulada por la Fiscal Especial de la Niñez, abogada Marisol Rodríguez ante esta División de Relaciones Pública.
Al respecto de esto aclaramos:
1. La Fiscalía Especial de la Niñez presentó Requerimiento Fiscal contra los ciudadanos David Alexander Abrego Chavarría y Claudia Rosmeri Erazo Estrada por suponerlos responsables del delito de Mendicidad Agravada en perjuicio de sus hijos menos de 12 años.
2. El Ministerio Público deviene en la obligación de ejercer la acción penal pública en tutela de los derechos de los niños y niñas del país, conforme al marco legal vigente, en ese sentido de ninguna manera debe interpretarse que la institucionalidad busca la afectación del núcleo familiar en razón de las actuaciones de los fiscales sino más bien evitar que estos menores sean expuestos a condiciones de riesgo, vulneración de derechos, afectación a su salud entre otras amenazas con motivo de las actividades que venían desarrollando junto a sus padres.
3. Tampoco se trata de criminalizar la pobreza, debemos entender en todo caso que el fondo del asunto es tutelar los derechos que se* son reconocidos a estos niños en virtud de la existencia de tratados, convenciones y leglislación especial nacional existente que nos obliga a ello, debemos además informar que particularmente la Dirección Nacional de la Niñez y la Familia (DINAF) hizo de forma muy oportuna ofrecimientos de inserción a los adultos de esta familia en los programas que el Gobierno de la República destina para la atención de situaciones como éstas, ofertas que no fueron atendidas.
4. De las diligencias de investrigación* el presente caso, la Fiscalía ha podido establecer que los niños no se encuentran debidamente inscritos o registrados y además tampoco son parte de un proceso de educación formal en ninguna escuela del país, con lo cual hasta el momento no estamos en condiciones de asegurar que los adultos que hoy enfrentan este proceso penal sean sus padres.
5. Finalmente, deseamos informar que la Fiscalía Especial de la Niñez continuará realizando operativos a fin de prevenir y sancionar cualquier conducta que vulnere derechos fundamentales de los niños y niñas, que incluyen el Derecho a la Imagen, el cual no puede ser afectado por ningún medio de comunicación, ya sea cuando éstos (los niños y niñas) sean víctimas de un delito o infractores de la Ley, por lo que hacemos un llamado a los medios de comunicación para qu* tengan presente el artículo 32 del Código de la Niñez y la Adolescencia el cual literalmente dice:
6. El cual, literalmente cita “Ningún niño o niña será objeto de injerencias arbitrarias o ilegales en su vida, dignidad y honor, así como en su domicilio, correspondencia y demás datos personales. En consecuencia se prohíbe: 1. Exponer, difundir o divulgar sus nombres y apellidos u otros datos personales, informaciones o imágenes en los medios de comunicación masiva o electrónica, que les identifiquen, directa o indirectamente, así como cuando se le considere responsable o víctima de una infracción de la Ley y 2. La publicación, reproducción, exposición, venta o distribución y la utilización en cualquier otra forma de sus expresiones, de imágenes de niños, niñas presuntamente infractores de Ley”.
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