Tegucigalpa, Honduras.- Nueve privadas de libertad implicadas en la masacre de 46 reclusas serán sometidas a juicio oral y público a partir del próximo lunes, según resolvió el Juzgado de Letras en Materia de Criminalidad Organizada.
Las acusadas por el asesinato múltiple son Claudia Lemus Aceituno, Lesbia Rodríguez Orellana, Cherry Guevara, Heidy Palma Rivera, Karen Ávila Pavón, Leyla Figueroa Pavón, Susana Godoy y Francis Chavarría Ávila. Todas ellas permanecen bajo la medida de prisión preventiva.
El Ministerio Público las acusa de asociación para delinquir en perjuicio de derechos fundamentales, incendio calificado en perjuicio de la seguridad colectiva, asesinato en perjuicio de 46 privadas de libertad y asesinato en grado de tentativa inacabada en perjuicio de otras cuatro reclusas.
Por otra parte, la Corte de Apelaciones en Materia de Criminalidad Organizada y Corrupción confirmó, por unanimidad de votos, el auto de formal procesamiento con prisión preventiva para Arleny Sarahi Guerra Portillo.
Hechos
Según la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV) y la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el 20 de junio de 2023, alrededor de las 7:45 de la mañana, las acusadas, en un hecho planificado, sometieron a cuatro policías penitenciarias en los módulos 6 y 7.
Las detenidas utilizaron armas de fuego de diferentes calibres —algunas de uso prohibido—, así como objetos punzocortantes y contundentes, para despojar a las policías de las llaves de los módulos y de los tableros con los listados de la población penitenciaria.
Posteriormente, obligaron a las agentes a ponerse boca abajo y las encerraron en el módulo 6. Acto seguido, las acusadas ingresaron a otros módulos donde permanecía el resto de la población penitenciaria. Mientras tanto, otro grupo de privadas de libertad, vinculadas a la pandilla 18, se dirigió a los módulos 1 al 4, donde se encontraban las mujeres de la mara Salvatrucha (MS-13). Utilizando una almágana, rompieron los candados de los módulos hasta lograr entrar.
Las imputadas desactivaron las cámaras de seguridad del recinto penal y, en un ataque coordinado, asesinaron a 23 privadas de libertad.
Paralelamente, otras 23 reclusas, al escuchar las detonaciones de armas, se refugiaron en el hogar número 1 del módulo 1. Sin embargo, al no poder ingresar, las agresoras rociaron un líquido inflamable y prendieron fuego al lugar.
Las víctimas no lograron escapar, ya que las acusadas disparaban desde el exterior, provocando que algunas murieran calcinadas y otras asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono.
Para cometer los delitos, las acusadas obtuvieron armas desde el exterior del centro penal. Entre ellas se encontraban 11 pistolas de diversos calibres (9 milímetros, .380 y .45), así como armas de uso prohibido, incluyendo fusiles, subametralladoras y un arma perteneciente a la Policía Nacional. Todas estas armas fueron recolectadas dentro de la penitenciaría tras los hechos.
