TEGUCIGALPA, HONDURAS.-Más de 350 personas detenidas y remitidas al juzgado y el secuestro de documentos fue el resultado de la Operación Dragón IX que se realizó ayer a nivel nacional.
El informe del Ministerio Público establece que en todo el país se ejecutaron 391 requerimientos fiscales, 111 allanamientos, 390 inspecciones, 18 secuestros de documentos, 730 decomisos, 593 jornadas preventivas y 4,785 personas capacitadas.
En la operación, la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) extrajeron información de la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RNP) por supuestas irregularidades que involucran a directivos y jugadores del equipo de fútbol Real de Minas. Además, se investiga a funcionarios y empleados de la institución.
Esas acciones se realizaron a raíz de las denuncias de EL HERALDO, donde se dio a conocer que los jugadores de dicho equipo de fútbol aparecían en las planillas como empleados de la institución, pero que no desempeñaban ninguna función sino que solo se dedicaban a jugar en el equipo que ascendió a la Primera División del fútbol de Honduras.
Las acciones que tienen como objetivo el combate frontal a la corrupción se extendieron con inspecciones a bodegas de medicamentos para determinar el ingreso de compras millonarias al sistema de salud del Estado.
Asimismo, investigar los incrementos selectivos a personal de los hospitales públicos a nivel nacional.
En varios sitios del territorio nacional se le dio protección a grupos vulnerables, atención a personas afectadas por violencia doméstica, maltrato y discriminación como mujeres, personas mayores, pueblos indígenas, miembros de la diversidad sexual y niños.
En cuanto a delitos comunes, se realizaron acciones encaminadas a capturar a las personas acusadas de cometer actos ilícitos como ser: asesinato, venta de drogas, contrabando, robo de vehículos, entre otros.
Capturas
Para ello, se ejecutaron órdenes de capturas que fueron emitidas por los juzgados competentes.
La Fiscalía Especial de Protección al Consumidor, junto con autoridades administrativas, inspeccionaron plantas procesadoras de agua a nivel nacional donde con pruebas de laboratorio verificaron la calidad del producto, ya que existían denuncias de la ciudadanía sobre contaminación en algunas marcas que se comercializan.
También se verificó si los establecimientos comerciales cumplen con el descuento de la tercera edad, así como detallar si están higiénicamente correctas las cafeterías de algunos centros educativos.
También se realizaron inspecciones en negocios donde existían sospechas de que se cometen delitos de defraudación fiscal, se violan los derechos de autor y la propiedad intelectual y no se entrega al fisco los impuestos establecidos por la ley.
Las acciones se desarrollaron bajo la coordinación de las fiscalías regionales, Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), Fiscalías Especiales, Dirección de Lucha contra el Narcotráfico (DLCN) y Operaciones Especiales del Ministerio Público, con apoyo de la Fuerza de Seguridad Interinstitucional Nacional (Fusina), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP), Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Fuerzas Armadas, Instituto de Conservación Forestal (ICF), Ministerio de Salud y equipos municipales
