TEGUCIGALPA, HONDURAS.- Un relativo equilibrio en todos los aspectos de la vida primaban en el diario vivir de Justo Pastor Zúniga Ramos, un sexagenario que hasta el pasado 28 de mayo residía junto a su esposa e hijo en la etapa 2 de la colonia Prados Universitarios.
Pero en un abrir y cerrar de ojos la balanza se inclinó cuando valoró la necesidad de seguir generando ingresos mínimos pero rentables a través de la pulpería que tenía en su casa o priorizar su propia vida y la de sus seres queridos.
La decisión fue abandonar su casa, pero el costo fue elevado, debido a que actualmente reside a 20 kilómetros de la zona central de la capital y con un nuevo gasto superior a los 5,000 lempiras por pago de alquiler y otros insumos.
“Pido que no abandonen a todos mis vecinos porque el daño que se ha causado es demasiado grande y eso ya se había advertido desde hace varios años”, dijo con evidente pesar el sexagenario.
A la familia Zúniga Ramos se suman trece familias más que decidieron abandonar sus viviendas luego de que la comuna capitalina solicitó un desalojo voluntario, como medida preventiva ante la vulnerable situación en que estaban los residentes del sector.
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Nueva amenaza
Aunque hay al menos 19 personas trabajando a lo interno del embaulado, el temor sigue siendo el compañero inseparable de los vecinos de Prados Universitarios.
Y esa zozobra aumentó hace unos días, cuando se les informó de la amenaza de dos nuevos socavones.Vecinos de la zona contactaron a EL HERALDO para denunciar que el proyecto estaba abandonado argumentando que no hay personal laborando en la superficie.
En busca de una respuesta, el equipo de EL HERALDO obtuvo información de que hay dos nuevos socavones que pondrían en más riesgo a los habitantes de ese sector.La información fue confirmada por Octavio Pineda, titular del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
“Así es. El embaulado está roto en varios puntos. Son 250 metros lineales, así que es probable que pasen otros (socavones) más”, dijo Pineda.
Uno de ellos está ubicado a 60 metros del actual socavón, mientras que el segundo está a 120 metros. El FHIS asegura que se realizan procesos de estabilización en el embaulado para evitar que se repita la tragedia que generó el primer hundimiento.
Misma versión expuso Gustavo Simón, ingeniero a cargo del proyecto, quien añadió que ya no están utilizando maquinaria pesada en este punto de los trabajos. “De forma permanente trabajamos”, aseguró.
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Desconfianza
Algunos vecinos cuyas casas fueron intervenidas aseguran que no hay un acuerdo firmado entre la comuna capitalina y ellos que garantice que se les reconocerá sobre los daños en sus viviendas generados por la atención al socavón.
No obstante, Russel Garay, director del Despacho Municipal, aseguró a EL HERALDO que sí hay un acuerdo legal y firmado con cada uno de los afectados. “Antes de hacer la intervención, firmamos la carta que tiene soporte legal. Esta intervención se tuvo que realizar desde 2019, pero nunca se hizo”, dijo Garay.
Además, “cada vecino tiene entendido los límites de la intervención, y debemos cuantificar los gastos”, agregó el funcionario, al tiempo que aclaró que la Alcaldía propiamente se responsabilizaba por la calle y eso tiene que ver con los puntos legales de una intervención. Bajo esa premisa, se llegó a un entendimiento bilateral.
“Lo que queda claro es que si no se hubiera intervenido esas seis casas, se hubieran perdido todas las restantes”, concluyó.
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