Tegucigalpa, Honduras
El desplazamiento de personas a causa de la violencia no cesa en la capital.
Los casos más visibles en la ciudad han sido las personas que abandonaron el sector denominado “El Hoyo”, en la colonia Peña por Bajo, la Estados Unidos y la 14 de Marzo.
En el último año se registró la deserción de 436 estudiantes del Instituto Técnico Saúl Zelaya Jiménez ante la amenaza de uno de los grupos antisociales.
Pero al igual hay otro porcentaje significativo de familias hasta de colonias como Lomas del Guijarro, donde han huido escapando de la extorsión.
El Informe de Caracterización del Desplazamiento Interno en Honduras, presentado por la Comisión Interinstitucional para la Protección de Personas Desplazadas por la Violencia (CIPPDV), en 2015 reveló que unos 174,000 hondureños habían sido desplazados de manera forzada a nivel nacional.
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De esta cifra unos 74,000 personas pertenecían al Distrito Central, este porcentaje se estima que se ha triplicado a la fecha, expresó Miroslava Cerpas, defensora de los derechos humanos de Ciprodeh.
“Estimamos que ya se pudo triplicar debido a la extorsión y al reclutamiento forzado por parte de bandas criminales”, informó Cerpas.
De acuerdo con Isis Sauceda, coordinadora de la CIPPDV, el año pasado se logró estimar que la atención del bloque de personas desplazadas en el país a causa de la violencia requiere un presupuesto de más de 13 millones de dólares (es decir más de 319 millones de lempiras).
Este cálculo económico incluye ofrecer a las personas un centro de protección permanente o bonos de alquiler para quienes se refugien fuera.
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Nuevas acciones
Para este año las autoridades de la CIPPDV han informado que trabajan en un anteproyecto de Ley de Protección a Personas Internamente Desplazadas, el cual se espera presentar al Congreso Nacional a finales del primer trimestre.
Para 2017 además se presupuestaron 12 millones de lempiras para la CIPPDV por parte de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización con el fin de que se trabaje en nuevos estudios, formulación de políticas y un plan de respuesta para los municipios más críticos en cuanto a esta problemática.
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Según la entrevistada, en este primer trimestre del año trabajará en la formulación de una ruta de protección y cálculos económicos de lo que se necesita para atender a cada persona desplazada de manera individual.
Movilización
En primera instancia los afectados se mueven de una colonia a otra, de forma posterior salen de la ciudad y por último deciden emigrar rumbo a Estados Unidos, Costa Rica y España.
“Las familias tienen que dejar sus bienes y sus amistades, ya sea por el temor que tienen cuando sucede un hecho violento o porque son amenazados por bandas criminales mediante la intimidación”, expresó Migdonia Ayestas, directora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Es tanto el control que ejercen las bandas criminales en los barrios y colonias de la capital, según la funcionaria, que a los vecinos se les indica hasta cómo deben vestirse.
También se conoce que cuando una persona extraña entra a estos sectores en su vehículo debe bajar los vidrios de las ventanas y los motoclistas se deben quitar el casco para ser identificados.
Según Ayestas, estos son códigos que implementan los delincuentes y que generan temor entre los residentes del sector.
Por otra lado, las muertes violentas dejan en los pobladores un clima de inseguridad e incertidumbre, sumado a otros hechos como la extorsión.
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